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generar nuevos modelos de negocio y, en menor medida, para mejorar los procesos ya existentes. Los autores reconocen que la confianza que las pymes tienen en esta tecnología tan transversal —banca y finanzas, consultoría, tecnología y transporte y logística son los sectores que más recurren a ella, pero no son los únicos—, sumado a los altos niveles de inversión, ha sido una sorpresa. «El 69 % de las empresas encuestadas que ya emplean blockchain lo consideran una prioridad estratégica. Y a pesar de que solo un 23 % lo señala como línea principal de actividad, un 76 % ha visto un incremento en la demanda de soluciones basadas en esta tecnología», destaca el CEO de Alastria, Juan Jiménez Zaballos. La mayoría de pymes prevé ampliar sus equipos blockchain en el futuro. No obstante, hay un amplio margen de mejora para que España pueda liderar las primeras posiciones en el uso del blockchain . Es clave, por ejemplo, desarrollar un marco de colaboración público-privada, que permita asumir la digitalización exponencial de la economía española y generar un efecto multiplicador. Asimismo, apuntan también los autores, es necesario adecuar los marcos regulatorios y el diseño de una estrategia española de blockchain acompañada de financiación pública —y de incentivos para la financiación privada—, así como facilitar hubs que atraigan talento y compañías de base tecnológica que impulsen la innovación. Para que se afiance su uso en el futuro, deben transferirse conocimientos tecnológicos del ámbito académico al sector privado, algo que también recoge el estudio de Cotec. Todo este poder transformador del blockchain tiene otro efecto colateral importante, muy relacionado con la lucha contra las desigualdades. España es el segundo país europeo que registra el mayor número de proyectos blockchain en funcionamiento para el bien público y social, recuerda el CEO de Alastria. De hecho, ya se han desarrollado distintas iniciativas en las que esta tecnología contribuye a reducir brechas a través de la inclusión financiera o la ayuda a colectivos vulnerables. Con otro punto a su favor: mejora la competitividad de las empresas y favorece la creación de nuevos empleos, muy especializados y cualificados. ■
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