Guía Justicia Digital
nas jurídicas a través de la Dirección Electró - nica Habilitada; la extensión de la obligación de relacionarse de forma electrónica con la Administración de Justicia a los funcionarios públicos que, en defensa de sus derechos estatutarios, comparezcan ante los juzgados y tribunales del orden contencioso-adminis- trativo por sí mismos; el establecimiento de la obligación de las Administraciones de remitir los expedientes administrativos en soporte electrónico; o las reformas necesarias para permitir generalizar la celebración de vistas y otro tipo de declaraciones a través de vi - deoconferencias. El anteproyecto contiene previsiones relativas a la creación del registro electrónico de apoderamientos judiciales apud acta, con el que se pretende sustituir a los que están previstos en la Ley 18/2011, y al Archivo Judicial Digital Central, que se irá formando con las transferencias de expedien - tes y documentos electrónicos aportados por los sistemas de gestión procesal cuando finalice su fase activa. El Anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servi - cio Público de Justicia (ALOEOSPJ), declara entre sus objetivos evitar que los ciudadanos de los municipios menos poblados tengan que desplazarse a las capitales para realizar aquellas gestiones ante la Administración que actualmente tienen que llevar a cabo presen- cialmente y dotar a las Oficinas de Justicia de los medios tecnológicos necesarios para la práctica de actos procesales y la intervención en los mismos a distancia. 7 El 19 de octubre de 2021 fue aprobado el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia (AL- MEDSPJ). Por su contenido, esta iniciativa representa un impulso renovador en la uti- lización de herramientas tecnológicas en el sistema público de justicia con el objetivo de adaptarla a los cambios sociales, tecnológi- cos y normativos que se han producido desde que la LUTICAJ fue aprobada en 2011. Entre las innovaciones destaca el reconocimiento
de la necesidad de que las Administraciones se valgan de medios de calidad y homogé - neos en la digitalización de la justicia como garantía del derecho fundamental de acceso a la justicia en igualdad de condiciones en todo el territorio del Estado y del derecho de la ciudadanía a un servicio personalizado de acceso a procedimientos, informaciones y servicios, así como de atención a través de videoconferencia. Se establece también una regulación de la videoconferencia para su uso en juicios y vistas con garantías en entornos seguros. El anteproyecto incorpora al sistema Cl@ve Justicia la identificación y firma no criptográfica en las actuaciones y procedi - mientos judiciales llevados a cabo por video- conferencia y contempla la transición desde una tramitación orientada al documento a una tramitación orientada al dato que permita el uso de datos para el diseño de las políticas públicas. Se reconocen los derechos a la des- conexión digital para favorecer la conciliación familiar y laboral; a la cita previa; al trabajo deslocalizado; y a la reducción o eliminación de brechas geográficas, económicas, socia - les, de discapacidad, de género, formativas o incluso propiamente digitales. El nuevo marco normativo pretende fortalecer la interoperabi- lidad de los sistemas existentes mediante el intercambio de expedientes electrónicos y la transmisión de documentos electrónicos en- tre órganos judiciales o fiscales. La legislación en preparación contiene una nueva división respecto de las actuaciones automatizadas, distinguiendo entre proactivas y asistidas, lo que representa una contribución al diseño de la incorporación de la IA al sistema público de justicia.
Digitalización de la justicia es- pañola: los datos disponibles
Medir el nivel de digitalización alcanzado por un Poder Judicial se enfrenta a la fal- ta de homogeneidad en el avance en los distintos países, a la necesidad de consen-
7. El 12 de abril de 2022, durante el proceso de edición de esta Guía, han sido aprobados el Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia y el Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Sistema Público de Justicia. El texto de la Guía mantiene las referencias a las disposiciones de ambos Anteproyectos.
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