Soberanía tecnológica
información que sean un artículo comercial. En 2021, el presidente Biden fi rmó una orden ejecutiva 5 que refuerza esta ley y pide a la principal autoridad en materia de adquisicio- nes, el Consejo Federal de Reglamentación de Adquisiciones (FAR), que revise la exención de los productos informáticos comerciales y haga recomendaciones sobre si debe suprimirse y cómo. En medidas ofensivas, en 2022 la Administra- ción Biden anunció nuevas restricciones a las exportaciones a China de circuitos integrados avanzados (CI), ordenadores y componen- tes que contienen CI avanzados, equipos de fabricación de semiconductores y software y tecnologías relacionadas. En virtud del Regla- mento de Administración de Exportaciones (EAR), las nuevas medidas amplían los contro- les a la exportación desde Estados Unidos a nuevos artículos destinados a China y también crean nuevas normas de “producto extranjero directo” para restringir las actividades no es- tadounidenses que podrían apoyar las capa- cidades de fabricación de semiconductores y supercomputación de China. La Administración también amplió las sanciones selectivas a la exportación de determinadas entidades chinas que se dedican a la investigación y el desarro- llo de superordenadores. A estas medidas de control de exportaciones hacia China se han unido dos países más, concretamente Japón y Países Bajos. La adhesión de este último, al ser miembro de la UE, ha despertado un relevante debate en torno a la cohesión y la existencia de una visión única sobre la soberanía tecnológica entre todos los Estados miembros.
mayor supervisión de la inversión extranjera directa. En agosto de 2022, se aprobaron dos leyes relevantes para este contexto: la Inflation Reduction Act y la Chips and Science Act. La primera no es tanto una medida para controlar la inflación, sino un programa a cinco años dotado con 391 000 millones de dólares en créditos fi scales y subvenciones para impulsar el crecimiento del país y ayudar en la transición hacia el desarrollo de energías limpias. Esta ley exige a las empresas bene fi ciarias producir en Estados Unidos y afectará a la evolución de sectores clave como el del vehículo eléctrico, el cual depende en buena medida de la manufac- tura y de la seguridad en las distintas fases de producción de semiconductores de alta gama. Por su parte, la Chips and Science Act aporta 52 700 millones de dólares para el desarrollo de semiconductores estadounidenses, distri- buidos en 39 000 millones en incentivos a la fabricación (incluyendo 2000 millones para la producción de chips maduros para la industria de automoción y defensa), 13 200 millones en I+D y formación, 500 millones para seguridad de comunicaciones y refuerzo de la cadena de suministros y deducciones fi scales del 25 % de la inversión. Este estímulo económico ha ido acompañado por una reconsideración de los mecanismos tanto defensivos como ofensivos en el ámbito tecnológico. En lo defensivo, el Buy American Act se aplica a todas las compras de bienes (artículos, materiales o suministros) realizadas por organismos federales del país por valor superior al umbral de microcompra estadouni- dense, fi jado actualmente en 10 000 dólares. Cuando son adquiridos por entidades fede- rales para uso público, la ley exige que estos bienes sean producidos en Estados Unidos. Sin embargo, desde su creación existió una excepción: la adquisición de tecnologías de la
5 Casa Blanca (2021). “Executive Order on Ensuring the Future Is Made in All of America by All of America’s Workers”. Disponible en: https://www.whitehouse. gov/brie fi ng-room/presidential-actions/2021/01/25/executive-order-on-ensuring-the-future-is-made-in-all-of-america-by-all-of-americas-workers/
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