y otros ingresos aumentó 1,2 puntos y el de las transferencia de capital, un punto) y el de los gastos de personal se incrementó 6,7 puntos (frente al descenso de la importancia relativa de las inversiones reales en 4,6 puntos, y de los gastos en bienes y servicios en 1,2). • En 2021, el conjunto de las universidades
aparecían Cantabria y la Comunidad Valenciana. • En el caso de las tasas, precios públicos y otros ingresos por estudiante y su ratio respecto al PIB per cápita regional, Cataluña y la Comunidad Valenciana aparecían entre las cinco regiones con valores más elevados tanto en uno como en otro indicador, mientras que Galicia, Baleares y Asturias estaban en el lado opuesto. • Entre las cinco regiones tanto con mayores gastos corrientes por alumno como con unos gastos de personal por ocupado más elevados estaban La Rioja, no logró paliar completamente la pérdida de recursos. Recientemente, se registró un aumento en las transferencias a partir de la recuperación iniciada en 2013 (aunque coincidiendo con disminuciones en los precios públicos), si bien estos esfuerzos no han resultado ser suficientes. Tanto es así que, según los datos recopilados por la Fundación CYD, no ha sido hasta el año 2021 cuando se han recuperado las cifras de ingresos y gastos no financieros de 2009 en el conjunto de las 47 universidades públicas presenciales españolas, pero únicamente a nivel nominal. Si controlamos por la inflación, en términos reales aún se está en torno a un 15% por debajo de los valores de 2009. La reciente LOSU, Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, reconoce también esta evidente necesidad cuando, en su artículo 55.2, se impone
el País Vasco y Asturias. En el extremo opuesto aparecían Baleares y Castilla-La Mancha. • En los indicadores que relacionan ingresos y gastos, Andalucía, acompañada de Murcia en la capacidad/ necesidad de financiación y de Galicia en la tasa de ahorro bruto, eran las regiones que presentaban valores negativos en 2021, lo que contrastaba con los registros del 3,6% y 5%, respectivamente, del conjunto del sistema. En cambio, Navarra, el País Vasco y la Comunidad Valenciana estaban entre las cinco regiones tanto como objetivo alcanzar un mínimo de financiación pública del 1% del PIB para las universidades públicas, en el marco del plan de incremento del gasto público para 2030 previsto en el artículo 155.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Este objetivo del 1% del PIB, en valores absolutos, con datos del PIB de 2022, significaría 13.464 millones de euros. No obstante, fijar el objetivo del 1% del PIB es simplemente una declaración de intenciones ya que la ley no fija mecanismos concretos para conseguirlo, únicamente establece la creación de una comisión en el plazo de un año para marcar el plan de incremento de gasto público, y supedita las aportaciones a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio. Además, está el hecho de que esta financiación depende sobre todo de las comunidades autónomas, que son las
con mayor capacidad de financiación en 2021 como con la tasa de ahorro bruto más positiva.
públicas presenciales de Madrid, Cataluña y Baleares estaban entre las cinco regiones con menores
transferencias (corrientes y de capital) por estudiante recibidas, tanto en términos absolutos, como al relativizar por el PIB per cápita regional. En el otro extremo
Conclusiones
Mejorar la financiación, especialmente, de las instituciones públicas es una de las necesidades fundamentales del sistema universitario español. Comparando con los países de la OCDE, España se encuentra en una situación de infrafinanciación, tanto cuando se consideran las ratios del gasto en educación superior por alumno y en relación con el PIB, como, sobre todo, al considerar el gasto público en educación superior. Los recortes presupuestarios implementados como respuesta a la crisis de la deuda soberana a partir de mayo de 2010, que también afectaron a las universidades públicas, generaron una brecha en unos presupuestos que ya de por sí no eran especialmente altos en aquel momento. A pesar de que se intentó contrarrestar esta situación mediante el incremento de los precios públicos universitarios, esta medida
que tienen cedidas las competencias. Sería conveniente, por otro lado, tal como expresa Carles Ramió en un recuadro al final de este capítulo, que con el incremento de la financiación se establezcan también criterios de distribución más racionales que eviten “el café para todos”, es decir, más financiación pero también más y mejores resultados y una rendición de cuentas más completa.
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