El proceso de urbanización en América Latina ha intensificado la mercantilización de la vida en las ciudades: la población urbana es cada vez mayor, mientras que las ciudades se encuentran al límite de la insostenibilidad, en donde el suelo y la vivienda son un bien limitado, exclusivo para quienes pueden pagar. Hoy se requieren políticas de ciudad que sean prioritarias en las estrategias nacionales y locales, que logren ser adaptativas, escalables y diversas. Para lograr esto, la participación multiactor se posiciona como una plataforma para integrar a gobiernos nacionales, locales, sociedad civil, academia, sector privado, organismos internacionales y, principalmente, a la población que vive los efectos de las desigualdades.
El problema: fragmentaciones en las ciudades latinoamericanas No existe un modelo único de ciudad en América Latina. Las urbes son plurales, diversas y complejas. Actualmente se encuentran sometidas a dinámicas que son contradictorias; por un lado, la valorización de la ciudad densificada de rascacielos y tecnologías, fenómeno que coexiste con otra cara que presenta una ciudad alterna en donde los asentamientos populares son una de las expresiones de la segregación, ausencia y abandono tanto del Estado como de sus instituciones. También son reflejo de las prácticas autogestionarias del hábitat, realizadas por sus propios habitantes para construir sus viviendas, entorno y relaciones sociales; por tanto, comunidades forjadas desde sus propias praxis colectivas. Las contradicciones de las ciudades latinoamericanas se constituyen sobre la base de elementos materiales y simbólicos que son históricamente producidos, además de ser social y territorialmente contextualizados (Di Virgilio y Perelman, 2014). Las ciudades contienen aquellos nodos del mercado, el lujo y la vanguardia, pero tam- bién espacios marcados por la presencia del conflicto, en donde grandes sectores de población que habitan en asentamientos populares buscan refugio o conexión con las oportunidades urbanas. Las ciudades están fragmentadas, lo que imposibilita la integración social, dividiendo a la población en ciudadanas y ciudadanos de primera y segunda categoría, entre barrios altos y otros populares, reproduciendo las distancias sociales, económicas y políticas. Las ciudades fragmentadas son infértiles para promover la integración social, lo que se perpetuará en la medida en que existan grupos que no tengan contacto con otros, construyendo muros, calles o separaciones que diferencien a la ciudadanía según su poder adquisitivo o estatus. Hoy, a más de siete años de la firma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 (2015), de la Nueva Agenda Urbana 2 en Hábitat III (2016) y todavía dentro de un contexto de crisis social exacerbado por la pandemia, dar res- puesta a las fragmentaciones requiere de una participación integral que involucre a todas y todos desde una dimensión multiactoral. Para Borja (2011) existen dimensiones claves para el análisis urbano contempo- ráneo, concibiendo las ciudades como espacios públicos y a la ciudadanía como una posición que asigna deberes y derechos iguales a todas y todos. Desde esta perspectiva, la ciudadanía tiene como una de sus principales expresiones la participación social y política, posicionándose como un mecanismo vinculante que determina la pertenen- cia o no vinculación a un grupo.
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