la consolidación del Sistema Nacional de Vivienda, así como la definición de programas sectoriales y regiona- les. En las entidades federativas se estableció, a través de organismos especializados, la promoción, el aprove- chamiento, la enajenación y la designación de suelo para vivienda, así como el establecimiento de la normatividad correspondiente (ASF, 2016). A pesar de los esfuerzos por equilibrar de manera racional el desarrollo de las ciudades, el urbanismo de tipo funcionalista y estatista fracasó por su incapacidad de regular de manera eficaz tanto el crecimiento como el ordenamiento de las urbes. Se observó que los planes e instrumentos normativos no tenían la capacidad de anticiparse a la intensidad de la dinámica de expansión y estructuración de la ciudad. Las bases de este modelo promovieron la segregación socioespacial, la movilidad en automóvil particular y el modelo monocéntrico, que constituyen los principales problemas en la actualidad de las ciudades latinoamericanas (Becerril, 2000). Desde el punto de vista de la teoría de la marginalidad, entendida ya no como una posibilidad de integración al desarrollo, sino como “una integración no alcanzada” (Bassols, 1988), se observa que los procesos de urbaniza- ción de mitad del siglo XX promovieron la urbanización popular, la autoconstrucción, los movimientos urbanos populares para la adquisición de suelo, vivienda y servi- cios, pero también reprodujeron prácticas clientelares, segregación social, expansión urbana y una visión tecno- crática de la planeación (Jaramillo, 2014). Por su parte, la rapidez con la que sucedieron los procesos sociales en las últimas tres décadas del siglo XX, y su forma de expresión espacial, rebasaron cualquier plan, norma o estructura para regular el crecimiento y ordenamiento de las grandes ciudades en México, conformando así ciudades altamente expandidas con fuertes tensiones socioeconómicas entre el centro y las periferias. Segundo período (1990-2010) El segundo tipo característico de planeación urbana en México durante el siglo XX e inicios del XXI corresponde a la etapa neoliberal, entendida como un adjetivo del patrón de acumulación capitalista caracterizada por la promoción de la desigualdad socioeconómica —incluida la territorial— (Delgadillo, 2019) a partir de las formas
diferenciadas que se generan por la aplicación de modelos homogeneizantes de política pública, de la intervención del capital privado y financiero, la reducción de la inter- vención estatal, así como la privatización de instituciones estatales, entre otros (Dammert y Delgadillo, 2019).
Estos rasgos se combinan con los heredados del pasado, de la propia historia particular de las for- maciones sociales concretas, y de los que surgen de sus desigualdades de desarrollo, que solo pueden ser explicados por el análisis concreto de las rea- lidades concretas diferenciadas (Pradilla, 2014).
Para finales de la década de 1980 y principios de 1990, la incapacidad del Estado mexicano para ofrecer o garan- tizar un desarrollo urbano equitativo y justo para todos los grupos sociales fue evidente (Jaramillo, 2014). De forma paralela, las tendencias internacionales de apli- cación de modelos de desarrollo económico y político de tipo neoliberal impulsaron fuertes medidas para el crecimiento del sector privado inmobiliario. Fue así que, de inicios de 1990 y hasta finales de 2010, la política de vivienda transitó de un modelo planeado, regulado y ejecutado por el Estado —mediante sólidas instituciones de desarrollo urbano y de vivienda— hacia un modelo estatal caracterizado por el adelgazamiento de sus atribuciones, la desregulación y ser poco inter- vencionista. Con esto se abrieron las puertas a la parti- cipación de la iniciativa privada, a través de las empresas inmobiliarias, para la ejecución de los planes de desarrollo urbano y vivienda. Para el año 2000 se había creado un complejo y bien estructurado sistema institucional e inmobiliario de pro- moción mercantil de la vivienda nueva. De acuerdo con Topalov (1978), la circulación del capital de la vivienda conceptualizada como mercancía
se termina en el momento en el que el comprador obtiene la propiedad jurídica: el promotor ha sido reembolsado, la empresa también, entonces los ciclos de los capitales privados invertidos pueden reanudarse. Sin embargo, esto es posible solo por- que un capital (crédito) de circulación ha venido a relevarlos.
48 Vivienda Infonavit • JUNIO 2022
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