A pesar de que la hipótesis de los recursos alternos tiene mucho sentido, al pro- barla empíricamente no se sostiene. Estudios previos (Unda y Moreno, 2015; Unda, 2017) que han analizado datos de todos los municipios del país en períodos largos (1990-2015) concluyen que no hay una correlación negativa estadísticamente significativa entre la recaudación predial y las transferencias federales y estatales. Es posible que las reformas que se han hecho a las fórmulas de distribución de los distintos fondos de transferencias estén contrarrestando los desincentivos para recaudar que suponen las transferencias. Factores políticos, económicos y de capacidad institucional para explicar la baja recaudación En vista de que las transferencias intergubernamentales no se correlacionan negativamente con la baja recaudación predial en México, vale la pena indagar otras hipótesis. Unda (2017) plantea que el nivel de recaudación —ya sea de un país, un estado o un municipio— depende de factores económicos, políticos y de la capacidad institucional, como lo sugiere DiJohn (2006). Algunos estudiosos (Bird y Casanegra, 1992; Tanzi, 2000; Burgess y Stern, 1993) consideran que la capacidad administrativa o institucional que tienen los gobiernos para recaudar es determinante en el nivel de recaudación. Mientras más eficiente y mejor dotado de recursos humanos, tecnológicos, materiales y legales esté el gobierno (o institución encargada del cobro de los impuestos, como el SAT en el caso mexicano), mayor será la recaudación. Otros argumentan que el nivel de recaudación depende de indicadores eco- nómicos (Hinrichs, 1966; Musgrave, 1969; Lotz y Morss, 1970). Las variables a las cuales aluden habitualmente son aquellas que reflejan el nivel de riqueza, producción o ingresos en un país, pues nos hablan de la capacidad que existe para pagar impuestos. Sin embargo, este enfoque no es suficiente para explicar el caso de países, estados o municipios que, con las mismas características económicas, presentan niveles de recaudación distintos. Es aquí donde los factores de economía política entran en juego para explicar el nivel de recaudación. Esta perspectiva considera que los impuestos son un pro- blema político. El decidir quién paga y cuánto paga (es decir, la incidencia tribu- taria) sin duda involucra un proceso político de decisión que va más allá del mero ejercicio técnico que debe implicar este tipo de decisiones. La política tributaria es una política coercitiva (Hansen, 1983) que no solo puede descansar en la coerción, pues sería muy costoso (Levi, 1989). Por lo tanto, requiere de la construcción de consensos entre recaudador y contribuyente. Es decir, los impuestos exigen cierto nivel de coerción y de consentimiento (Levi, 1989). Los estudios que abordan el tema desde esta perspectiva adoptan una mirada más amplia al analizar el problema. Sugieren variables explicativas al nivel y com- posición de los impuestos como: organizaciones políticas (sindicatos y partidos), la historia, el poder de los grupos de interés y la desigualdad. Para algunos, la capa- cidad deliberada de cierto grupo de interés para limitar o modificar las opciones de otros —es decir, con poder— es lo que define la manera de extraer recursos por parte del Estado. Para Best (1976), la estructura impositiva refleja la distribución de poder en la sociedad, ya que supone que aquellos que tienen poder tendrán mayor influencia en el Estado y, por consiguiente, en la política tributaria. Partiendo de este marco teórico, Unda (2018; 2021) pone a prueba los tres cortes de variables. Propone que la capacidad institucional de los gobiernos municipales y los factores políticos son variables que pueden dar luz sobre el nivel de recau- dación. Con objeto de explorar estas variables explicativas, el trabajo citado llevó a cabo un estudio de casos, para lo que se estudiaron seis municipios urbanos 3 representativos de los 50 municipios más poblados del país, que han experimen- tado alternancia política y tienen un nivel de desarrollo por encima del promedio
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