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Agregó que la primera ministra se está apoyando en versiones dichas por la población. “En el caso de Apumayo no estamos en las cuencas que se han hablado. Nosotros tenemos perma- nentemente fiscalización de OEFA y Osinerming, y hasta hoy no tenemos, ni hemos tenido ningún proceso sancionador por contaminación ambiental”, acotó. El Ministerio de Energía y Minas emitió un comunicado en el que se indica que, en el contexto de lo anunciado por la premier, esto se da en el marco del proceso regular establecido por nor- mativa al plan de cierre de minas presentado por las respecti- vas empresasmineras. “Noobstante, comoMinem, ratificamos nuestroenfoquede acercamientoa las comunidades del entor- nominero, la protección de las cuencas de agua, preservación y recuperación del medio ambiente”, dice el comunicado. Asimismo, destacan que el Minem y AMSAC se comprometen a monitorear y supervisar el proceso de cierre de las activida- desdecierrede lasminasmencionadas. Yquesegestionará las visitas a las Unidades Mineras involucradas, promoviendo la participación directa de las comunidades del entornominero. GREMIOSUNIDOS Como una medida de adhesión, la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú – Asociación PYME Perú y los gre- mios que la conforman expresan su rechazo a la vulneración del Estado de Derecho realizada por la Presidenta del Consejo de Ministros. “Losperuanosdemandamos respetoa las institucio- nes, al marco de la ley y al Estado de Derecho, ya que este tipo de acciones afectan directamente al empleo de miles de fami- lias que de forma directa e indirecta dependen de la actividad minera”, se indica en el comunicado. También se sumó la ‘Unión de Gremios del Perú’, y expresó su preocupación de sobremanera porque “esta medida ilegal sea el inicio de una vía permanente que pretenda atentar contra el sector minero y otros sectores productivos, los que han gene- rado desarrollo, empleo e inversión para el país; por ello, invo- camos al Ministerio de Energía y Minas a que se respeten los mecanismos de fiscalización y regulación del sector”. Agregó que “el Perú está en camino a la reactivación económi- ca, prioricemos la estabilidad y la confianza para alentar las in- versiones, generar empleoy seguir creciendosostenidamente”.
tende minimizar lo firmado”. También explicaron que al indicar que no se permitirán ampliaciones ni exploraciones en la zona, se está vulnerando el derecho de las empresas a invertir en la zona para extender la vida útil de las minas y generar empleo paramiles de peruanos. ALTOS ESTÁNDARESAMBIENTALES Por su parte, Ignacio Bustamante, en representación de Com- pañía Minera Ares (unidades mineras Inmaculada y Pallancata afectadas por el anuncio) indicó que operan bajo los estánda- res ambientales más altos, tanto nacionales como internacio- nales, aplicando las mejores prácticas de la industria minera. “No tenemos planes de cesar nuestras operaciones y, por el contrario, tenemos la expectativa de continuar trabajando, generando dinamismo económico y empleo en el país”, añadió. En este sentido, explicó que “el plan de cierre de minas es un instrumento de gestión que toda operación minera tiene y re- quiere para operar. Se va actualizando en función de los nuevos descubrimientos demineral en el tiempo. Por lo tanto, es undo- cumento que se aprueba y se renueva periódicamente”. Además, expresó que cuentan con todos los permisos y auto- rizaciones necesarios para llevar a cabo sus actividades, entre ellos, los Estudios de Impacto Ambiental y el Plan de Cierre de Minasdebidamenteaprobados. “Nuestraactividadesaltamen- te regulada y, como tal, somos permanentemente fiscalizados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (“OEFA”), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (“Osinergmin”), la Autoridad Nacional del Agua (“ANA”), entre otros organismos”. En tanto, el Gerente General de Minera Apumayo, Guillermo Shinno, informó que, dada esta amenaza por parte del Ejecu- tivo, la empresa apelará hasta las instancias judiciales, ya que no existiría unmarco legal que le permita al gobierno cerrar una operación minera o de cualquier índole comercial. “Nosotros vamos a seguir con nuestras operaciones pensando en todos nuestros trabajadores y vamos a ejercer todos nuestros dere- chos. Así sea en las instancias judiciales, si es que se pretende vulnerar nuestra labor”, sostuvo el directivo. La titular de la PCM, Mirtha Vásquez suscribió un acta en la que ratifica el retiro de empresas mineras ubicadas en las cabeceras de cuenca del sur de Ayacucho.
Raúl Jacob, presidente de la SNMPE, recalcó que con esta medida ilegal, 54,000 familias peruanas, muchas de estas en Ayacucho, perderán sus puestos de trabajo.
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