INFORME
Es ya un consenso, entre los especialistas, el hecho de que el principal origen de los conflictos en el sector es la incapacidad del Estado para invertir los cuantiosos recursos con que contribuye la minería.
En suma, comentó, se debe perfeccionar el funcionamiento del canon con el pro- pósito de asegurar que estos recursos contribuyan a cerrar las brechas sociales y de infraestructura que el país arras- tra por décadas. “Esa es la única forma de garantizar el impacto positivo de la minería sobre el desarrollo económico local y regional”, acotó. Por su parte, Milton Von Hesse, director de Videnza Consultores y exministro de los portafolios de Agricultura y Vivien- da, Construcción y Saneamiento, afirmó que es importante focalizar la inversión y la transparencia del manejo de los re- cursos del canon y regalías; para lo cual planteó la creación de un fideicomiso para darle una mejor administración a estos fondos.
proyectos de transporte, planeamiento y educación, mientras que en algunas regiones esos recursos fueron gastados en proyectos ajenos al objetivo de cerrar brechas sociales y de infraestructura. ¿Qué hacer ante esta situación? En opinión de De la Flor, “es indispensable fortalecer la gestión de las autoridades regionales y municipales, de modo que se mejore la calidad y eficiencia de la
inversión pública realizada con los recur- sos del canon”. “Hay que salvaguardar el uso adecuado de estos fondos, priorizando sobre todo el bienestar de las comunidades y cen- tros poblados más próximos a las ope- raciones mineras, para lo cual también es necesario establecer mecanismos de seguimiento y control que le den más transparenciaa las inversiones”, subrayó.
Los gobiernos regionales y locales recibieron S/ 40 mil millones como producto de las actividades productivas del sector minero, de los cuales S/ 30,371 millones correspondieron a canon minero.
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