EDITORIAL
Nomás ataques a laminería, a la inversión y al país
Cuando la presente edición se alistaba a entrar a imprenta, la mañana del viernes 19 se hizo público un acuerdo, suscrito por la Premier Mirtha Vásquez, con representantes de comunidades del sur de la región Ayacucho, en el que, a nombre del Gobierno, se compromete “a exigirles que terminen y cierren, lo más inmediato posible” cuatro operaciones mineras presentes en la zona. Setratade lasunidadesminerasApumayo, Sami, Inmaculada y Pallancata –estas dos últimas de propiedad de la Compañía Minera Ares, del Grupo Hochschild Mining–; sobre las que Vásquez, con el argumento no probado de que “se encuentran afectando las cabeceras de cuencas”, señaló además que “no habrá ninguna ampliación más para procesos de explotación ni exploración”. Más aún, advirtió que tales acciones servirán como experiencia “piloto” para evaluar su aplicación en otras regiones del país. Con justificada razón, ese hecho ha provocado el rechazo generalizado de las empresas mineras afectadas; pero, también de los principales gremios nacionales y binacionales promotores de la actividad empresarial privada en el país. Y es que ese acto perpetrado por el Gobierno representa no soloel quiebredel marco jurídico que rige las actividades de la industria minera peruana; sino que, -lo queesmásgraveaún- rompe losprincipios del EstadodeDerechovigentesdesdeque el Perú recuperó la democracia, hace más de cuatro décadas. Porque el atropello cometido no solo ha implicado la violación del derecho básico de las empresas a ser partícipes de los ‘diálogos’ sobretemasquelascomprenden –o, como mínimo, ser comunicadas acerca de ellos, lo que no ocurrió en ninguno de los cuatro casos–; sino también la de normas administrativas, establecidas explícitamente en leyes vigentes, que precisamente guían los procesos y
trámites para la exploración, operación, ampliación y cierre de las unidades mineras. Procesos que, según el acta señalada, la Premier se ha comprometido, en representacióndel Gobierno, a denegar anticipada, unilateral y arbitrariamente. Siendo la más grave, sin embargo, esa no es, desgraciadamente, la única evidencia del inédito hostigamiento al que el gobierno está sometiendo a la industria minera peruana en las últimas semanas. Prueba de ello es su también cuestionada intención de aumentarle su ya pesada carga tributaria, claramente manifiesta en el paquete de facultades legislativas presentado por el Gobierno ante el Congreso días atrás; además de su abierta pasividad frente a los violentos ataques, actos de extorsión y destrucción ejecutados por minorías radicales – algunas alentadas por congresistas de su propia bancada y sus aliados– contra diversas operaciones mineras. Ante esta situación, los principales representantes de la industria han solicitado al Ejecutivo abrir espacios para el diálogo y la evaluación conjunta de propuestas para generar soluciones concertadas, viables y sostenibles a las demandas de los pobladores. Y, como sector, han reiterado su compromiso de seguir siendo el principal sostén del crecimiento económico y desarrollo social del país, como lo ha hecho durante las últimas décadas. Esperemos que el Gobierno acoja esta propuesta, enmiende errores y contribuya así a que cese el clima de enfrentamiento, inestabilidad e incertidumbre en que nos ha sumidoen sus ciendíasdegestiónyque está poniendo en riesgo nuestro futuro como país.
RUMBOMINERO
2 . 3
Made with FlippingBook Annual report maker