FINANZAS/21
el horizonte
Lunes 12 de octubre de 2026
Rusia alista exportación de diésel tras arreglo con Estados Unidos
dos estadounidense y mundial. Su anuncio contempla otras 500,000 toneladas en noviem- bre y un millón posteriormente, sin precisar la fecha de esta últi- ma entrega. La medida, vigente desde el pasado 10 de octubre, abre la ne- gociación de contratos con com- pradores extranjeros, sin embar- go, aún no se confirma una fecha de llegada de los primeros car- gamentos a Estados Unidos ni cuánto del volumen autorizado será destinado a ese país. El anuncio ocurre en un con- texto en donde el precio prome-
dio del diésel en Estados Unidos pasó de $3.72 dólares por galón en febrero a $6.29 dólares en septiembre, una subida cercana al 69%, según cifras de la Oficina de Estadísticas del Transporte. Para el viernes 9 de octubre, el promedio rondaba los $6.28 dólares, frente a los casi $3.68 dólares de un año antes. Expertos destacan que la es- calada en el precio del combusti- ble afecta a transportistas y pro- ductores agrícolas, y además también incrementa los costos de distribución de alimentos y otras mercancías.
SERGIO VILLARREAL El Horizonte
Rusia comenzó a flexibilizar sus restricciones a la exportación de diésel para permitir la sali- da de miles de toneladas métri- cas hacia los mercados interna- cionales, después del acuerdo anunciado por Donald Trump y Vladímir Putin para aumentar el suministro de combustible y contener su encarecimiento. En específico, Trump informó que Rusia suministraría de ma- nera inmediata más de 300,000 toneladas de diésel a los merca-
PRECIO SE DISPARA El precio promedio del diésel rondaba hasta el pasado 9 de octubre los $6.28 dólares, rebasando ampliamente los $3.68 dólares de un año atrás
La propiedad privada ENFRENTA nuevos RIESGOS en México. Y esta vez no se trata solamente de ¿Nos van a subir el predial? Lo que ya aprobaron y lo que viene
COLUMNA
INTELIGENCIA FINANCIERA GLOBAL
POR GUILLERMO BARBA
Estas iniciativas aparecen, además, en un contexto de crecientes presiones fis- cales. El gobierno de la República y los gobiernos locales necesitan mayores in- gresos para financiar un gasto elevado, compromisos presupuestarios cada vez más exigentes y, en el caso del gobierno Federal, una deuda pública creciente. La tentación de ampliar la recaudación inmobiliaria resulta evidente. Los bienes raíces son activos identificables, difíciles de trasladar y susceptibles de graváme- nes recurrentes. Por supuesto, las autoridades tienen de- recho a combatir la evasión y exigir el cumplimiento de las obligaciones tribu- tarias. Lo cuestionable es utilizar la mo- dernización administrativa para imponer cargas adicionales o ampliar discrecio- nalmente su intervención sobre quienes ya cumplen. El mayor peligro está en las facultades que el Estado podría acumular sobre el pa- trimonio privado. Esto no significa que las amenazas vayan a materializarse ni que to- dos los propietarios sufran sus consecuen- cias. Significa que se abren riesgos que an- tes no existían o eran más limitados. Porque si en el futuro alguna autoridad pone el ojo sobre una propiedad por razo- nes urbanísticas, políticas, económicas o de cualquier otra índole, su propietario podría quedar en una situación de enor- me vulnerabilidad frente al Estado. Y en un país donde los contrapesos institucio- nales se debilitan, defenderse de una de- cisión arbitraria podría resultar cada vez más difícil. Ese es el verdadero riesgo que no de- bemos perder de vista: que la propiedad privada siga existiendo como derecho, pero que su ejercicio y defensa queden cada vez más sujetos a la voluntad de los gobernantes. No lo podemos permitir.
El verdadero valor comercial de un in- mueble se conoce cuando existe una compraventa entre particulares. Una cosa es el precio que pretende obtener el ven- dedor y otra el que efectivamente paga el comprador. Así pues, las valuaciones masivas que se plantean en el POZMVM pueden asignar valores estimados a inmuebles muy dife- rentes, provocando que algunos propieta- rios paguen impuestos calculados sobre montos superiores a los que realmente po- drían obtener al venderlos. Y las propuestas no terminan ahí.
Ahora imaginemos que las autoridades actualizan la base gravable utilizando un valor comercial estimado de un millón de pesos. Aunque la tasa permanezca igual, el impuesto se duplicaría hasta $10,000 pesos anuales. Es decir, el gobierno podría cobrar más sin anunciar un aumento de tasas. Cabe
pagar más impuestos, sino de algo mucho más delicado: el creciente poder del Estado para vigilar, con- trolar y decidir sobre el patrimonio inmo- biliario de los ciudadanos. La reciente aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral ha encendido las alarmas. El dictamen fue ya turnado al Se- nado para continuar su trámite legislativo. Esa iniciativa busca unificar, estandari- zar y centralizar la información inmobilia- ria del país, así como impulsar la actualiza- ción de los valores catastrales, con posi- bles efectos sobre la recaudación del im- puesto predial. En principio, modernizar los catastros no tiene nada de malo. Con- tar con registros actualizados y confia- bles es razonable. El problema surge cuando esa moder- nización puede convertirse en un instru- mento de vigilancia gubernamental so- bre el patrimonio privado. Con informa- ción centralizada, las autoridades podrán conocer con precisión quién posee deter- minadas propiedades, dónde están, cuán- to valen, sus características y cómo se utili- zan. Esto incrementaría la capacidad de in- tervención del Estado, algo especialmente preocupante en un país cuyos contrapesos institucionales se han debilitado. Pero, como le digo, el elemento más in- quietante es la posibilidad real de aumen- tar el impuesto predial sin necesidad de elevar sus tasas. Para entenderlo basta un ejemplo. Supongamos que una propiedad tie- ne un valor catastral de $500,000 pesos y paga una tasa hipotética del uno por cien- to anual: $5,000 pesos de predial.
El programa metropo- litano también contem- pla gravámenes adicio- nales para terrenos bal- díos o inmuebles consi- derados subutilizados, incluyendo una tasa sugerida de cuando menos uno por ciento adicional sobre el pre- dial. ¿Subutilizados se- gún quién?
recordar que el predial es una potestad de los municipios y de la Ciu- dad de México. No obs- tante, el proyecto de le- gislación catastral y las propuestas del Progra- ma de Ordenación de la Zona Metropolita- na del Valle de Méxi- co (POZMVM) abren la puerta a cobros mucho mayores.
• • • “El gobierno de
la República y los gobiernos locales necesitan mayores ingresos para financiar un gasto elevado” • • •
Ese es precisamente el problema. El con- cepto permitiría a las autoridades determi- nar si un particular aprovecha adecuada- mente su propiedad, conforme a criterios establecidos desde el poder público. Más delicada resulta la propuesta de obligar a construir en determinados pre- dios, con plazos de dos a cuatro años y posibles mecanismos de subasta forzosa ante el incumplimiento. Conviene subrayarlo: estas medidas no están aprobadas aún como obligaciones generales. Pero que todavía no sean obli- gatorias no significa que deban ignorarse. El derecho de propiedad no consiste solamente en poseer legalmente un in- mueble. También implica la libertad de utilizarlo, conservarlo, desarrollarlo o dis- poner de él.
Este riesgo cobra especial relevancia al examinar el citado POZMVM, que supues- tamente se encuentra en “consulta públi- ca” y contempla explícitamente acercar los valores catastrales a los de mercado. No parece casual que, justo antes de su eventual aprobación, se haya publicado en agosto pasado, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que modifica la de- limitación de la Zona Metropolitana del Va- lle de México (ZMVM). Con esta modificación se amplió el terri- torio sobre el que podrían tener efecto las medidas del POZMVM. Todo apunta a que se busca convertir a la zona metropolitana en una especie de “programa piloto”, cu- yas disposiciones podrían extenderse poste- riormente, de manera análoga, al resto del país. Aquí surge una pregunta fundamental: ¿quién determinará cuánto vale una pro- piedad?
GUILLERMO BARBA: Periodista y Economista de la Nueva Escuela Austriaca de Economía. Es autor del blog Inteligencia Financiera Global. Analista especializado en Mercados de Oro y Plata y comentarista de TV en Proyecto 40.
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