CASTRO URDIALES SMART PEOPLE 2020 - 2039
Según lo recogido en la Revista Vasca de Ges- tión de Personas y Organizaciones Públicas del IVAP, “Inteligencia Artificial e Innovación en la Administración Pública: (in)necesarias regula - ciones para la garantía del servicio público”, la Doctora en Derecho y Secretaria de Administra - ción Local del Ayuntamiento de Vigo, destaca “la proyección de las actuaciones administrativas automatizadas, como cualquier acto o actua- ción realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público”. Aun así, hace hincapié en que a pesar de que la norma señala que tras la automatización de las actuaciones administrati- vas no debe intervenir, de forma directa, ningún empleado público, sí debe “establecerse previa- mente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificacio - nes, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente, así como la necesidad de indicar el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.” Es decir, la automatización permitirá a los em - pleados públicos centrarse en tareas de alto valor. Lo que facilitará el trabajo y liberará a la administración y a sus empleados/as de las tareas más pesadas. El sector público en España suma en estos momentos alrededor de 2,5 millones de em - pleados. Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universi - dad Pompeu Fabra, especialista en gestión pública, en su reciente publicación “Inteligencia artificial y Administración pública: robots y humanos compartiendo el servicio público”, contabiliza en unos 700.000 el número de empleados públicos de nuestro país que se dedican estrictamente a tareas burocráticas
y/o estandarizadas. A la vista de estos datos, Ramió, en el blog de espublico, a fecha de 9 de octubre de 2018, ya estableció los ámbitos más susceptibles de ser robotizados en las administraciones públicas de España. Los ámbitos que recogía en dicho artículo eran los siguientes: Transportes, empleados de correos, cuerpos de seguridad, personal penitenciario, administración de justicia, etc. Es más, la inteligencia artificial se emplea ya en España para agilizar algunos procesos dentro de la Administración. Por ejemplo, el or - ganismo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuenta con algoritmos para detectar contratos temporales irregulares. En cuanto a los trabajos de carácter adminis- trativo y auxiliar se refleja que estos perfiles profesionales pueden desaparecer en más de un 80 por ciento. Hay en España aproxima- damente 550.000 efectivos con estas carac - terísticas (grupos C1 y C2). Este sector va representar la mayor pérdida de puestos de trabajo en el sector público: los burócratas de carácter más operativo. Estos avances comportan mayor eficiencia en los resultados y también menor necesidad de personal de baja cualificación. Pero hay que tener en cuenta que el sector público no se reduce únicamente a la eficiencia económi - ca, como ocurre generalmente en el privado. “El contexto de la Administración es distinto, porque nuestro retorno de la inversión no es meramente económico, también es social. La administración pública no se puede plantear cerrar una oficina solo por una cuestión econó - mica”. (Fernando De Pablo, secretario general de Administración Digital.)
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