EnMéxico, las políticas públicas dedesarrollourbanohanprimado sobre la transforma- cióndel entornonatural y rural denuestrasmetrópolis. La desaforada construcciónde desarrollos urbanos en las últimas dos décadas dejóunbalance desastroso, manifiesto en la tasa de vivienda social abandonada, ya sea por endeudamientos insostenibles, o bien, por las malas condiciones de vida ofrecidas por estos nuevos residenciales. El antecedente causal de esta situación se encuentra en los cambios legales indu- cidos por los gobiernos neoliberales en la pasada década de los noventa: reformas al artículo 27 constitucional, a la Ley Agraria, a la Ley de Asentamientos Humanos, así como a programas de certificación del suelo de uso social. Sin suponer una novedad, estos renovados recursos jurídicos aceleraron la urbanización irracional (por lo antie- conómica) de amplias extensiones de suelo rural de uso social (es decir, de ejidos y tierras comunales) en beneficio del capital financiero y de empresas constructoras e inmobiliarias. Como descubriremos más adelante, el beneficio para las poblaciones campiranas fue relativo, o incluso, nulo. Propiedad social y propiedad mercantil Las dos décadas del desarrollismo inmobiliario deben comprenderse desde la reforma constitucional de 1992. La intenciónprofunda de esta reforma fue allanar el piso legal para la mercantilizaciónmasiva del suelo rústico. Obviamente, un gran negocio que, entre otros cambios, implicó un giro radical en la concepción del suelo como hogar y territorio para la población rural, especialmente aquella dedicada a las tareas campe- sinas. Sin embargo, antes de extenderme en esta cuestión, será necesario revisar una parte del estado del arte sociológico sobre el alcance y las consecuencias sociales del giromercantilista en el período 1992-2018. Los artículos de investigación existentes se concentran en dos áreasmetropolita- nas con el fin de evaluar la implementación del mecanismo concatenado de compra- venta de suelo ejidal y comunal, cambio de uso del suelo, hiperdesarrollo habitacional orientado al interés social o al sector residencial de medio y alto estatus social, y la periurbanización problemática. Tanto la zonametropolitana de Guadalajara como la de la Ciudad deMéxico coinciden en esta secuencia de transformación socioterrito- rial, aunque ostentan diferencias en las respuestas de la población rural involucrada. En el año 2000, la zonametropolitana de Guadalajara abarcaba cuatromunicipios. Sumancha urbana era de 35528 hectáreas y el suelo de uso social (ejidal y comunal) se extendía por casi 61000 hectáreas (Jiménez y Ayala, 2015, p. 107). Además, la pobla- ción rural, repartida en más de 50 núcleos agrarios, integraba varias comunidades indígenas. Aunque la urbanización precedente superó los obstáculos legales valiéndose de recursos como la permuta o la expropiación ejidal y comunal bajo el argumento del interés público, la instrumentación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) y del Programa de Certificación de Bienes Comunales (Prodecom) ejecutó la privatización del campo explícita en la citada reforma constitucional (López Amaro, 2009, pp. 9-10). Sin embargo, junto a permutas y expropiaciones, y en sintonía nacional, un tercer fenómeno de acción política y social generó procesos de urbanización antes y después de la expansión de dichos programas de certificación. Se trata de la invasión y venta irregular de suelo de uso social por parte de ejidatarios, terratenientes y grupos de colo- nos organizados por actores políticos nacionales. Precisamente, uno de los argumentos esgrimidos para la mercantilización del suelo fue la necesidad de cubrir la demanda de vivienda, uno de los derechos sociales garantizados constitucionalmente. Las evaluaciones académicas de estos programas realizadas a partir de 2004 coin- ciden en sus conclusiones: para las zonas metropolitanas, el giromercantilista operó en paralelo a la incesante invasión de suelo social, privado, federal y de conservación ecológica. El territorio urbanizado para uso habitacional fue dominado por vivienda residencial destinada a las clases medias y altas. Para Olivera (2015), la razón de este
fracaso en política de vivienda radica en la exclusión de los créditos públicos (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores [Infonavit] y Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado [Fovissste], más los sistemas estatales) para lamayor parte de los sectores populares, cuya economía familiar está basada enmeca- nismos informales de ingresos. Adicionalmente, habría que considerar a prestadores de servicios profesionales, microempresarios y trabajadores emigrados al extran- jero (como trabajadores formales) sin acceso a fondos públicos de vivienda de interés social. En suma, si bien entre 1995 y 2006 los Planes Nacionales deDesarrolloUrbano (PNDU) consideraban integrar hasta 70 % de suelo de uso social, este fue desti- nadomayormente a viviendas de alta ymedia plusvalía, manteniéndose el despojo de la tierra ejidal y comunal mediante invasiones y otras argucias legales e ilegales (Maya, 2004, pp. 319-320) para la vivienda popular, que tarde o temprano se regularizó bajo el programa federal de regularización de la tenencia de la tierra (Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra [Corett]), consumando así el ingente despojo de suelo social sin resolver satisfactoriamente la demanda de vivienda. Estrategias de respuesta y resistencia ¿Qué pasó, entonces, con la población nativa y rural? En primer lugar, el enfoquedeestos estudiospriorizó los casos deenajenacióndel suelosocial vía adopcióndedominio (eji- dos)y aportaciónde tierras comunes (comuneros), enbene- ficiode sociedades inmobiliarias (Maya, 2004; Jiménezy
Ayala, 2015). Estadelimitación invisibilizó la resistencia a la pérdida de suelo social o, al menos, otras alternativas instrumentadaspor los ejidatariosante laexpansiónde las megalópolis de Ciudad deMéxico 2 yGuadalajara. Es preciso revisar estudios socioantropológicos rea- lizados en ubicaciones rurales, 3 para dar cuenta de la perspectiva tanto de ejidatarios como de campesinos, y, en general, sobre sus estrategias ante la privatización y los significados atribuidos al suelo en tanto tierra de cultivo y residencia. 4 En síntesis, las estrategias frente a la privatización son diversas y susmotivaciones también. López Amaro (2009) considera el sustrato cultural indígena como un factor para retener la tierra, extremo confirmado por Olivera (2015) para los municipios conurbados de Cuernavaca, donde varias oficinas ejidales formaron frentes con la sociedad civil y presidenciasmunicipales con el objetivo de frenar la enajenación de suelo social, limitando así la afluencia de nuevas clases de residentes ymanteniendo actividades agropecuarias junto al nuevo sector de servicios inmobiliarios. Otro factor que incide en la diversidad de respuestas nativas se relaciona con la diferenciación socioeconómica y los diversos intereses gremiales al interior del ejido (Torres-Mazuera, 2015). Así, a mayor estatus social y nivel de ingresos, los ejidatarios prefieren la enajenación de la tierra, aun siendo pueblos originarios. También ope- ran intereses encontrados si el uso de las parcelas es para ganadería o paramilpa tradicional, etcétera. Por último, cabe señalar que, en los casosmenciona- dos, los estudios descubren características identitarias
120 Vivienda Infonavit • JUNIO 2021
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