Revista Vivienda Infonavit Año 5, Num 1 (Junio 2021)

Reformas a la Ley del Infonavit en materia de adquisición de suelo: dudas y posibilidades

POR RICARDO LÓPEZ SANTILLÁN a

a El autor es doctor en Sociología por la Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III. Actualmente se desempeña como Investigador Titular “B” del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, en Mérida, Yucatán. Puede ser contactado en el correo: lopezsantillan@cephcis.unam.mx

La reciente reforma a la Ley del Infonavit abrió la posibilidad de que las y los derechohabientes utilicen su crédito para la compra de un terreno. Esto debido a que la autoconstrucción ha sido la forma en que un número considerable de mexicanas y mexicanos han logrado hacerse de un patrimonio. Si bien este cambio normativo obedece a la realidad de las y los trabajadores, su implementación ha generado dudas acerca de posibles consecuencias imprevistas.

Antes de la última reforma a laLey del Infona- vit —y más específicamente a los artículos 41 y 42—, el otorgamiento de créditos se restrin- gía a la compra de vivienda nueva o usada, así comoal usode los recursos para remodelacióno ampliaciónde vivienda propia. El gran cambio normativo que se introdujo en diciembre de 2020 fue la posibilidadde usar los recursos del crédito para la compra de terrenos. El diagnóstico en el que se sustenta esta modificación es acertado: la autoconstruc- ción de vivienda en un terreno propio es el modelo más socorrido para buena parte de la población de este país. Sin embargo, las nue- vas posibilidades que abre esta reforma tam- bién han despertado dudas, debido a que la vivienda familiar (o unipersonal) es un bien patrimonial que sigue muy arraigado en el imaginario de las y los mexicanos. Tener una propiedad donde vivir es una meta cultural y socioeconómica; muchas angustias de las personas adultas pasan por ahí. Las decisiones son difíciles y casi nunca son racionales, pues suelen estar determinadas por muchos crite- rios subjetivos que no tienen que ver solo con la capacidad de compra (ya sea por recursos propios o por endeudamiento).

El cuadro de vida al que aspiramos es una abstracción que incluye la seguridad, tanto física como psicológica; esto implica no sen- tirse expuesto a la delincuencia o a catástrofes naturales, además de tener certeza patrimo- nial. También están las cuestiones relativas al tipo de vecinos que “compramos” con la casa, y a ello se suma la proximidad territorial con los espacios de trabajo, consumo, ocio, recrea- ción, educación, salud, entre otros; amén de las áreas verdes y la estética y funcionalidad de la vivienda, todos aspectos cualitativos que también influyen en nuestra elección y por los que, en ocasiones, estamos dispuestos a pagar un sobreprecio. Esto lo constaté a partir de entrevistas a personas de clase media de la Ciudad de México en mi tesis doctoral, luego publicada como libro. 1 En el ámbito de la sociología y la antropo- logía no es un razonamiento nuevo ni original. Existe un texto clásico de Pierre Bourdieu 2 sobre el mercado de vivienda en la Francia metropolitana que inspiró trabajos de inves- tigación en otras latitudes. Aún a la vuelta de los años, sigue siendo muy pertinente hacer la referencia a esta lectura que deja claro que no existe tal cosa como la “elección racional”

para algo que se alimenta de los anhelos de las personas y que implica enormes esfuerzos y hasta sacrificios. Otra virtud del referido texto es enten- der los campos en disputa, que incluyen a las empresas constructoras que ofrecen, no solo vivienda, sino un “concepto”; a los organismos crediticios que le ponen precio al dinero y que pueden encarecer en un buen porcentaje los gastos totales; así como a los gobiernosmuni- cipales o las instancias a las que les ha tocado otorgar los permisos para construir. Reflexionar sobre los sujetos sociales involucrados tiene muchas posibilidades heurísticas o, dicho de forma simple, es la manera como se reparte el pastel (de la vivienda). Ese análisis permite identificar quiénes se llevan las rebanadas más grandes, casi siempre en menoscabo de las opciones de quien compra. Esto, desde luego, está determinado por las decisiones de política pública, en el actuar de las instituciones y en los marcos normativos vigentes. Hagamosmemoria sobre el casomexicano. Durante elmandatodeVicenteFox, y siguiendo los lineamientos del BancoMundial, se esti- muló el negocio de la viviendamasiva que pro- metía sermuy rentable (aunque añosmás tarde

algunas desarrolladoras quebraran). Su inten- ciónexplícita fuemotivar (condinerodel ahorro de las y los trabajadores) un negocio en el que bancos e inmobiliarias tenían un papel predo- minante en la creación de la oferta de vivienda y en la generacióny obtenciónde plusvalor. Con el presidente Felipe Calderón se acentuó esta tendencia. Las constructoras tuvieron cada vez más injerencia en la toma de decisiones de qué, cómo y dónde construir. Lo anterior abonó a la dispersión de las ciudades, que se extendie- ron de forma difusa, haciendo que la dotación de servicios urbanos se hiciera onerosa por el deber de llevarlos hasta zonas alejadas. A este fenómeno (y a otros tantos saldos negativos) se le denomina de forma genérica como formas de urbanizaciónneoliberal . Estemodelo promovió más la construcción y la colocación de crédi- tos que el impulso al objetivo primordial del Institutodel FondoNacional de laViviendapara los Trabajadores (Infonavit): dotar de vivienda social a las personas que no tienen capacidad de pago o de endeudamiento para solventar los precios del mercado (Ziccardi, 2015). Algún freno se intentó poner el sexenio pasado con el ProgramaNacional de Vivienda y con la creación de la Secretaría de Desarrollo

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