Pero, por lo visto, lo arriba referido no son solo inquie- tudes demis colegas. El propio director de la institución, Carlos Martínez Velázquez, ha dicho que, resultado de las mesas de trabajo creadas ex profeso, las y los repre- sentantes de las personas empresarias, trabajadoras, de los gobiernos locales, entre otros, le han manifes- tado su preocupación en relación a que estas nuevas formas de financiamiento puedan abonar al desorden urbano, haciendo necesaria la asistencia técnica para que la vivienda autoconstruida sea segura y de calidad. 3 Desde luego que son preocupaciones legítimas y hay que prestarles oídos. Hay un antecedente impor- tante a considerar. En las ciudades mexicanas, con la reforma al artículo 27 constitucional de 1992 se liberó al mercado una gran extensión de suelo urbanizable. Lo que antes había sido concebido como tierra para la producción agropecuaria y para la reproducción de los modos de vida campesinos, incluso indígenas, se comienza a concebir como el gran negocio que permite hacer crecer la dimensión de los centros urbanos a costa de suelo barato. La otrora vocación rural y la intención de hacer producir la tierra ejidal cede su paso, al menos para los ejidos que rodean las ciudades, a una vorágine por parte de los despachos desarrolladores de vivienda y demás constructoras que ven en el suelo barato una gran posibilidad de obtener ganancias. Las comisarías ejidales de los contornos de las ciudades ya cuentan con servicios, lo que las convierte en el primer paso para dar lugar a la lotificación y luego construcción o autocons- trucción en esas tierras de reciente pasado agrícola. Desde luego, esto no es ilegal, pero tampoco es desea- ble. No es lomás conveniente para las ciudades que crecen de forma difusa y sindarle sudebido peso a los programas de ordenamiento territorial (que son casi todas en el país). Además, se desperdicia una buena oportunidad para vol- ver a hacer productivo el campo de la periferia próxima
a las ciudades, con las ventajas económicas, de empleo y ambientales que esto pueda acarrear. Mención aparte merecen los así llamados lotes o terrenos de inversión, que al parecer sí están al límite de lo legal. Al menos en Yucatán, es un asunto tandelicado que ya se está tratando de ordenar conuna iniciativa de ley en el Congreso local. 4 Estos lotes de inversión, que casi siempre son terrenos enmedio de la nada, distantes y sin servicios, por ahora no aplican para los posibles créditos del Infonavit, pero hay resquicios que hacen temer que se cumplan las pro- fecías que suponen que las y los alcaldes de esos muni- cipios se puedan subir al negocio inmobiliario, dotando de servicios y promoviendo la construcción de vivienda lejana, inconexa con la urbe central o con las cabeceras municipales, sin calidad y sin respeto al medioambiente. Hay que impedirlo a toda costa. Esos lugares seríanmejor aprovechados si dotaran de servicios ambientales a la ciudad, como receptores de carbono o como zonas de recarga pluvial, o incluso como espacios que recuperen su vocación agrícola. En la Asamblea General del Infonavit del 29 de abril de 2021 se definieron los mecanismos para garantizar que los peores escenarios invocados por mis colegas nunca sucedan. A partir de mayo, el Infonavit dio a conocer las nuevas y más flexibles formas de otorgar y ejercer los créditos. Todo hace suponer que estas opcio- nes estánmás en relación con las necesidades y las for- mas de vivir y construir de las y los derechohabientes. Me parece un gran paso que el subsidio no sea a la oferta de vivienda, lo cual, en realidad, beneficiaba fundamen- talmente a las constructoras. Es de suponerse que, con esta reforma, el Infonavit esté más comprometido con la promoción de la vivienda social y no solo con la colo- cación de créditos en el mercado, como fue la caracte- rística del período neoliberal que sí propició el desorden urbano y la vivienda de mala calidad.
A partir de mayo, el Infonavit dio a conocer las nuevas y más flexibles formas de otorgar y ejercer los créditos. Todo hace suponer que estas opciones están más en relación con las necesidades y las formas de vivir y construir de las y los derechohabientes.
Agrario, Territorial yUrbano (Sedatu) pues, al menos en el papel, se intentó controlar la expansión de las man- chas urbanas, garantizando un modelo de desarrollo urbano sustentable en lo social, económico y ambiental. Sin embargo, el asunto de la vivienda social no mejoró realmente. La gente, en muchos casos, con tal de tener una casa propia, siguió aceptando las condiciones ínfi- mas de vivienda que ofrecían las inmobiliarias dedi- cadas al negocio de los emprendimientos masivos. Fraccionamientos distantes de los espacios de educa- ción, salud y empleo; conformados por casas de tamaño reducido, construidas conmateriales demala calidad y, en algunos casos, ubicadas en zonas de riesgo por fenó- menos naturales o por la inseguridad social. En fin, se promovió vivienda conmuchos sobrecos- tos ocultos. No es casualidad que, en estas circunstan- cias, muchos propietarios en ciernes decidieran dejar sus casas, e incluso, dejar de pagar sus créditos. Son el saldo de décadas de mala gestión. El propio Infonavit (2015) hizo un detallado diagnóstico al respecto. En aquel entonces, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contaba alrededor de 5 millones de viviendas deshabitadas. Hoy, según lamisma fuente, se cuentan 6.1 millones. Ahora bien, las adecuaciones de diciembre de 2020 a la Ley del Infonavit parecen ir a contracorriente de, al menos, tres sexenios de ventajas a los constructores. Sin embargo, revertir esas inercias no será tarea fácil. Poner recursos a disposiciónpara la compra de un terreno o para
la autoconstrucción ha generado dudas, e incluso críticas airadas. No basta con el diagnóstico de usos y costumbres, de formas de habitabilidad. Si bien tener un lugar donde vivir es una cuestión de derechos humanos y en nuestro país es una garantía constitucional asentada en el artí- culo 4 de la Constitución, la forma en cómo se construye y financia la adquisición de ese hogar está lejos de lograr consensos, incluso entre las y los conocedores del tema. Recientemente, enun blog de especialistas (lamayoría en urbanismo y derecho) seme ocurrió comentar queme parecía acertado el cambio a la Ley del Infonavit, porque reconocía lo que para sociólogos y antropólogos son reali- dades insoslayables: la posibilidad de adquirir un terreno para luego edificarmediante la autoconstrucción es una formamuy socorrida de procurarse una vivienda. Seme vino una marejada de regaños, por decir lo menos; casi todos fundamentados en criterios estéticos y relativos al ordenamiento territorial. Yo solo contrargumentémen- cionando la pertinencia de los candados que establece la propia ley: el proceso tendrá respaldo institucional a través de un crédito y de un acompañamiento técnico. Asimismo, para poder comprar terreno o construir en él, este debe contar con servicios, como luz, agua y drenaje, además de estar en un lugar con alumbrado público, ser- vicio de recolección de basura, cobertura de telecomuni- caciones y, en fin, terrenos habitacionales que cumplan la normativa urbana, ecológica y de protección civil. Esos candados, a mi juicio, garantizan certeza patrimonial y buenas condiciones de habitabilidad.
Notas 1 López Santillán, R. (2008). Clase media capitalina: recomposición de su espacio social y urbano (1970-2000). México: CEPHCIS-UNAM. 2 Bourdieu, P. (2000). Les structures sociales de l’économie. Francia. 3 Martínez V., C. (31 de marzo de 2021). ¿Cómo vamos con la reglamentación a la ley? https://carlosmartinezv.medium.com/c%C3%B3mo-vamos-con-la-reglamentaci%C3%B3n-a- la-ley-d17438586ec8 4 Para más información sobre este tema, véase Domínguez Massa, D. (22 de abril de 2021). Nueva iniciativa de ley sobre los “lotes de oportunidad”. Diario de Yucatán. https://www. yucatan.com.mx/merida/regulacion-inmobiliaria-nueva-iniciativa-de-ley-sobre-lotes-de-oportunidad Referencias Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) (2015). Atlas del abandono de vivienda. México: Cuadra. Ziccardi, A. (2015). Cómo viven los mexicanos. Análisis regional de las condiciones de habitabilidad de la vivienda. México: IIJ-UNAM.
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