COMPETENCIAS DIGITALES Y COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN EN ESPAÑA
de igualdad de oportunidades de las personas. Acceder a la teleasistencia sanitaria, a la solicitud de ayudas públicas online , a la educación de los hijos a distancia, a las moratorias hipotecarias, a buscar trabajo por Internet, utilizar la banca online , etc. es muy difícil e incluso imposible en un entorno de exclusión digital. Por tanto, los poderes públicos deben evitar esa exclusión con medidas específicas para los colectivos más vulnerables como los que se identifican en este informe. Desde una perspectiva de la desigualdad regional, esta ha aumentado en los últimos años en términos de bienestar en España, ya que se han ampliado las diferencias en términos de renta por habitante. Es posible que la divergencia regional vaya a más tras la crisis de la COVID-19, ya que algunas de las regiones que parten de un menor nivel de PIB per cápita se estima que van a experimentar mayores caídas del PIB. A esta desigualdad económica se añade la digital, ya que las regiones que se sitúan en las primeras posiciones del ranking en PIB por habitante son las mismas que las encabezan en términos de habilidades digitales de la población (es el caso de Madrid, Cataluña, Navarra y País Vasco). En consecuencia, es prioritario reducir las diferencias regionales de digitalización si queremos aspirar a reducir también las desigualdades económicas. En este sentido, el Plan España Digital 2025 del Gobierno de España (2020) pone también énfasis «en las competencias digitales necesarias que garanticen un uso eficaz y responsable de las herramientas digitales disponibles». Asimismo, se desarrollan medidas para dotar de competencias digitales a tres grandes grupos objetivos: la ciudadanía en general, la población activa y los profesionales tecnológicos de todos los sectores de la economía. En este sentido, la ciudadanía necesita competencias digitales básicas para operar con confianza a la hora de comunicarse, informarse o realizar transacciones. Se requieren también competencias avanzadas para poder desplegar una actividad más elaborada,
como publicar contenidos, hacer búsquedas sofisticadas o programar y configurar sistemas digitales sencillos. En el caso de la población activa, son además necesarias competencias digitales específicas ligadas al trabajo desempeñado, como el manejo de herramientas digitales complejas. Finalmente, hay especialistas que trabajan directamente en el mantenimiento y operación de sistemas digitales o en el diseño e implementación de las propias herramientas digitales, por lo que su demanda aumenta de manera continuada año tras año sin que sea posible cubrir dicha demanda en España ni en la Unión Europea. La brecha actual de competencias digitales para ciudadanía, población activa y especialistas es notable, y requiere de actuaciones conjuntas entre el sector público y privado para cerrarla. Para conseguirlo, el sistema educativo y la formación a lo largo de la vida juegan un papel clave» (pp. 27-28). Sin embargo, visto el análisis realizado en este informe, también es importante tener en cuenta otros tipos de brechas como las observadas por niveles educativos, grupos de edad y entre los inactivos y las otras situaciones laborales. Finalmente, también la Brújula Digital de Europa persigue hacer de los próximos años la «Década Digital» de Europa, basada en la estrategia digital de la Comisión Europea de febrero de 2020. De entre los cuatro puntos clave de esta iniciativa destaca el énfasis de uno de ellos en las capacidades digitales y profesionales de los ciudadanos, las cuales también son decisivas para otros dos puntos clave como la transformación digital de las empresas y la digitalización de los servicios públicos (y unas buenas infraestructuras tampoco sirven de mucho si no se aprovechan adecuadamente). En definitiva, una parte importante de la transformación digital debe poner el foco en mejorar las habilidades digitales de la población, así como en reducir las desigualdades en esas competencias para contribuir al objetivo último que es reducir la desigualdad en el nivel de bienestar de los ciudadanos.
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