periodismo y documentación, y en los campos de la actividad física y deporte. Paralelamente hay ámbitos en los que la demanda supera la oferta, lo que provoca que haya titulados que trabajen en empleos que requieren una educación universitaria que no corresponde a su especialización, lo que desencadena en un tercer desajuste denominado desencaje . En el ámbito de las titulaciones STEM se produce otro desajuste. España se encuentra por debajo de la media europea tanto en el porcentaje de egresados en STEM (18,8% frente al 25,1% europeo) como en el peso que estos tienen en relación con la población joven en edad universitaria, de 20 a 29 años, (14,1 por mil frente al 19 por mil de la UE). El desajuste es evidente, pertinaz y creciente. En el curso 2021-2022 y para el nivel de grado, el 3,3% del total de egresados del sistema universitario español pertenecían a informática, y en ingeniería, industria y construcción, en la última década, el número de titulados en este ámbito ha descendido en un 43,6%. Ante estas preocupantes cifras, surge la pregunta de cómo revertir esta situación. Si bien es deseable que la elección de una titulación esté respaldada por una motivación vocacional, esta motivación vocacional debe estar fundamentada por una correcta orientación, y la comparación con otros sistemas nos sugiere que la orientación es francamente mejorable. Es responsabilidad del sistema informar, no solo de las características de la oferta formativa, sino también de las perspectivas laborables, para que se puedan tomar así decisiones fundamentadas. Esta información está disponible, aunque es posible que los canales para que llegue a los usuarios no sean los más efectivos.
acentúa, en proporciones diferentes según la porosidad del grupo investigador con el entorno productivo, con el actual sistema de evaluación de la actividad investigadora, que tiende en general a dar prioridad a la cantidad de publicaciones y su difusión en revistas académicas altamente especializadas. Esta constante presión para publicar en estas revistas ha derivado, a su vez, en prácticas en algunos casos cuestionables que plantean dudas sobre la integridad de las investigaciones y los procesos de revisión en estos medios. Aumentan las voces que relacionan el desajuste entre el crecimiento positivo del número de publicaciones (un 14,68% en 2022 con respecto a 2019) y el crecimiento negativo en los indicadores de liderazgo y de excelencia liderada con la necesidad, y correspondiente afán, de publicar. Como se argumenta en el capítulo 3, estas cuestiones han alentado el debate público sobre la idoneidad de las publicaciones en revistas indexadas como indicador de la calidad científica. Actualmente, en España las universidades solo pueden contratar y promocionar a profesores que hayan obtenido una evaluación favorable en los procesos de acreditación por parte de la agencia española (ANECA) o las agencias regionales equivalentes. Este proceso de selección en dos etapas entra en conflicto con las buenas prácticas internacionales (véase DORA, el Manifiesto de Leiden o CoARA) que apelan a la responsabilidad en el uso de métricas cuantitativas y promueven criterios cualitativos para reconocer la diversidad de resultados y valorar el impacto de la investigación. Para alinearse con las prácticas europeas se necesita una reforma que adopte la ciencia abierta. La reciente aprobación de la
Otra cuestión relacionada es cómo predecir y anticiparse a las necesidades del mercado laboral. Entra aquí una posible aplicación de la inteligencia artificial (IA). Como se argumenta en la Monografía, la IA se podría utilizar para analizar el mercado laboral, las tendencias económicas, los avances tecnológicos y los cambios socioculturales, para así adelantarse a las demandas del futuro. Esto permitiría orientar a los graduados hacia áreas de alta demanda y con potencial de crecimiento. De forma similar, esta información permitiría direccionar la formación académica hacia dichas áreas y habilidades. Adicionalmente, la implementación de microcredenciales, como se contempla en la LOSU, podría ayudar a abordar las deficiencias de conocimientos de los graduados actuales en los casos en los que sea necesario, al proporcionar capacitación adicional en las áreas estratégicas identificadas. 4. Aumentar la relevancia del conocimiento generado para la sociedad Las universidades españolas desempeñan un papel fundamental en la creación y difusión del conocimiento, contribuyendo en un 77,5% a la producción de publicaciones científicas en el país. En el último cuatrienio (2019-2022), España se ha mantenido entre los principales países productores mundiales (posición 12ª). No obstante, a menudo, la investigación universitaria se lleva a cabo en un contexto más o menos aislado, con poca interacción con los demás actores del ecosistema ciencia-innovación. Esto puede llevar a que el conocimiento generado no sea accesible y, consecuentemente, no se aproveche y valorice. Esta situación se
Estrategia Nacional de Ciencia Abierta (ENCA) en España es un paso en esa dirección y busca promover principios de ciencia abierta en todos los aspectos de la investigación en el país. Se espera que estas medidas acerquen la ciencia a la sociedad y direccionen más eficazmente los resultados de la investigación hacia la transferencia. Una vía para asegurar la relevancia de la investigación para la sociedad es potenciar, mediante convocatorias y ayudas, la investigación en áreas con potencial de transversalidad y aplicabilidad en distintos ámbitos. Dichas convocatorias no solo deben estimular la generación de conocimiento, sino perseguir activamente su integración en la creación de valor añadido y en definitiva en la mejora de la competitividad. Otra forma de materializar la transferibilidad y aplicabilidad de la investigación es a través de colaboraciones entre las universidades y los agentes del sistema productivo y de la sociedad en general. En este sentido, respecto al Informe del año anterior, ha habido un aumento de tres puntos en la producción intersectorial, que ha pasado del 125% al 128% en el periodo 2019-2022. No obstante, cuando se trata de compra de I+D, los datos de 2021 revelan que las universidades no son el socio preferido por parte del sistema productivo. La Administración pública tiende a recurrir principalmente a empresas, lo que representa más del 90% de las colaboraciones, y estas a su vez confían en otras empresas (62,28%) o empresas del mismo grupo (23,57%) para este fin. Aun así, es positivo que en 2021 las universidades españolas ingresaran 672 millones de euros fruto de la colaboración en I+D con terceros, un 5,16% más que en 2020.
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