LA ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA ESPAÑA RURAL
Análisis del tratamiento político y mediático de la desigualdad en la España rural (2016-2023)
LA ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA ESPAÑA RURAL
octubre 2023
Coordinación y redacción
Belén Agüero (Directora de Investigación)
Diseño metodológico
Irene Martín (Investigadora ) Alba Couso (Investigadora)
Entrevistas
Javier Pérez González (Director) Irene Martín (Investigadora) Paula Llera Colunga (Investigadora)
Recolección y análisis de datos
Belén Agüero (Investigadora) Rodrigo García Muñiz (Investigador) Virginia Brarda (Investigadora)
Recolección y análisis de datos
Departamento de Comunicación y Contenidos de Cotec
Ín DI CE
Legislatura XIII (21 de mayo a 24 de septiembre de 2019)
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Legislatura XIV (3 de diciembre de 2019 a 30 de mayo de 2023)
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resumen ejecutivo
Conclusiones del análisis parlamentario
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00. introducción
01. marco teórico metodológico
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04. Los telediarios ¿altavoz para el cambio o amplificador de estereotipos? 30 anexo 1. detalle de las deman- das identificadas 36
Marco conceptual
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Metodología
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Entrevistas
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bibliografía
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Análisis parlamentario
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Análisis mediático
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02. entender la desigualdad: ¿cuáles son las necesidades de la españa rural? 16 03. de las demandas a las posi- bles soluciones: la labor de las cortes generales 20
Legislatura XII (19 de julio de 2016 a 5 de marzo de 2019) 21
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resu men ejecu tivo
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¿Recogen los medios y el debate político las necesidades de las personas que habitan la Es- paña rural? ¿Qué imagen se proyecta de estas personas en los medios y en qué términos se están dando estos debates? Estas preguntas son las que dan origen a la presente investigación, seleccionada en la con- vocatoria PIA de Cotec en 2022 y por la cual la organización Political Watch fue elegida para detectar las demandas principales de la Es- paña rural en términos de desigualdad y para analizar las respuestas que dichas demandas reciben desde las Cortes Generales a través de iniciativas parlamentarias, así como el impacto mediático que alcanzan en la televisión pública en España. En cuanto al debate político, uno de los princi- pales hallazgos es que, aunque sea minoritaria, la presencia de diputados y diputadas de partidos que abanderan las demandas de la España rural es clave para generar debate y aumentar el número de iniciativas vinculadas a la materia. Esto se ha visto especialmente con la irrupción del partido Teruel Existe en el Congreso de los Diputados y con los cambios de discurso de numerosos partidos a raíz de las manifestaciones y el trabajo impulsado desde las administraciones locales para movili- zar el debate público. Además, y aunque en las elecciones de julio de 2023 el partido Teruel Existe no ha logrado repetir escaño en el Congreso, pareciera que el debate ha llegado para quedarse y esto se ha demostrado en los programas electorales de los principales partidos. Los cuatro partidos con mayor alcance estatal (Partido Socialista, Partido Popular, Sumar y Vox) han incluido secciones específicas dedicadas a lo rural con propuestas y promesas claras, además de otras iniciativas transversales a lo largo de
sus programas, cada cual desde sus bases ideológicas particulares.
Respecto a la labor legislativa, se desprende como conclusión que la clave para la siguien- te legislatura será continuar trabajando no solo en políticas públicas específicas y cen - tradas en las demandas de la España rural, como el plan de medidas impulsado desde el Gobierno, sino también transversalizando lo rural en todas las nuevas legislaciones que se aprueben. El mecanismo rural de garantía (rural proofing) incluido en el marco de la Ley de Evaluación será fundamental para ello y requiere de una implementación eficaz desde el inicio de la nueva legislatura. Además, queda claro que ya no se trata tanto de continuar ha- ciendo estudios y evaluar lo que sucede en el mundo rural, sino de aprovechar la legislación que ya existe y dotarla de recursos para que sea efectiva. Por otro lado, la investigación muestra que lo mediático es un claro altavoz para numero- sas demandas sociales y que permite que estas se trasladen efectivamente al debate político. Esto se ha visto especialmente con el cambio de la legislatura XII a la XIV, pasando por el intermedio de la breve legislatura XIII, que coincidió con manifestaciones multitu- dinarias de la población de estos territorios que exigía cambios en las políticas y en los discursos de los principales partidos para intentar dar respuesta a dichas demandas; con un trabajo de años anteriores impulsado por movimientos ciudadanos desde sus territorios con el objetivo de llegar al nivel estatal con sus peticiones; y con las reivindicaciones históricas de los gobiernos autonómicos, que ya desde 2017 estaban haciendo incidencia para gene- rar cambios en el sistema de financiación y el acceso a recursos en lo local.
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Sin embargo, esto no implica que todas las demandas del entorno rural hayan tenido la misma llegada a lo mediático y mucho menos a lo político. Se trata por ejemplo de temas como vivienda, movilidad, educación, sanidad o inclusión. Otros como la cultura y la identi- dad, que han tenido más impacto y visibilidad en los telediarios en los últimos años, siguen sin trasladarse de manera efectiva a los de- bates parlamentarios. Los datos analizados muestran que es quizás la combinación entre grandes movilizaciones y campañas de in- cidencia ciudadanas lo que puede favorecer que ciertos temas sean recogidos por los telediarios de alcance nacional y, a su vez, que el clima político y las demandas sean lo suficientemente sólidas para que se integren en el debate político. Existe además otro gran reto, que es cam- biar el imaginario de lo rural, que debe dejar de ser sinónimo de atraso, tradición y sole- dad: “la España que han declarado vacía en la tele”, como expresa Guiu (2019). Varias de las personas entrevistadas se han expresado en términos similares, insistiendo en que hay que dejar de asociar la vida en los pueblos principal o exclusivamente con las tradiciones y la cultura, que si bien son un eje clave para la movilización de la economía y la protección del patrimonio histórico, no es lo único que sucede en lo rural ni la única vía para generar empleo más allá de las actividades asociadas al sector primario. Cambiar la forma en la que se per- cibe la vida en estos territorios y comprender que existen más oportunidades que la indus- tria tradicional, pero también evitar caer en una doble idealización (de la vida rural vista como un oasis para escapar de las ciudades y de la vida en las ciudades como modelo a imitar y alcanzar por los pueblos de la España rural) su- ponen desafíos latentes en el futuro próximo. Por último, pero no por ello menos importan- te, es clave escuchar las diferentes voces que componen lo rural con el objetivo de diseñar e implementar políticas públicas a largo plazo y con una mirada holística sobre
los múltiples factores y desigualdades que conviven en el medio rural. Evitar soluciones generalistas y garantizar la apropiación de las poblaciones locales requiere necesariamente de favorecer canales de participación efectivos y espacios de diálogo con todos los colecti- vos que componen la España rural, desde los productores y productoras, empresas locales y personal del sector turístico hasta las perso- nas mayores, la juventud, las mujeres rurales, la población migrante y todas aquellas perso- nas que conocen en detalle las problemáticas actuales porque tienen que enfrentarse a ellas en el día a día.
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INTRO DUCCIÓN
00.
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De acuerdo con los datos del diagnóstico elaborado por el Gobierno para diseñar la Es- trategia Nacional frente al Reto Demográfico, entre 2001 y 2017 el 61,9 % de los municipios españoles perdieron población; y no solo eso, sino que, de estos, el 46,8 % han perdido entre el 10 % y el 50 % de sus habitantes. El diagnós- tico revela además que el 48 % de los munici- pios en España tiene menos de doce habitan- tes por km2 y que, de estos, el 83 % tiene una población de menos de quinientos habitantes (Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 2019). Las realidades que se encuentran detrás de estos impactantes datos han ido poco a poco aumentando su presencia en los medios de comunicación y en la agenda política. Pero ¿recogen los medios y el debate político las necesidades de las personas que habitan en estos territorios? ¿Qué imagen se proyecta de ellos en los medios y en qué términos se están dando estos debates? Estas preguntas son las que dan origen a la presente investigación, seleccionada en la con- vocatoria PIA de Cotec en 2022 y por la cual la organización Political Watch fue elegida para detectar las demandas principales de la Es- paña rural en términos de desigualdad y para analizar las respuestas que dichas demandas reciben desde las Cortes Generales a través de iniciativas parlamentarias, así como el impacto mediático que alcanzan en la televisión pública en España. La investigación se estructura en torno a cuatro bloques que representan las fases que la conforman. La primera hace referencia al marco teórico y metodológico que sustenta el trabajo. La segunda detalla el proceso de entre- vistas semiestructuradas, realizadas a lo largo de los primeros meses del proyecto, con mul- tiplicidad de actores de la España rural para la detección de sus demandas. La siguiente se centra en el análisis de la actividad legislativa de las Cortes Generales durante las legislatu- ras XII, XIII y XIV, abordando, por una parte, la
cantidad y contenido de las iniciativas presen- tadas y, por otra, su vinculación y nivel de res- puesta a las demandas detectadas. La última fase describe la evaluación de las narrativas respecto a la España rural en los telediarios de la televisión pública, valorando el volumen de menciones a las diferentes temáticas aborda- das, además del contenido de las noticias y su relación o no con dichas demandas.
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MARCO TEÓRICO Y METO DOLÓGICO
01.
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Marco conceptual El primer paso para abordar la presente inves- tigación fue definir un marco conceptual que permitiese el posterior análisis de las entrevis- tas, la actividad parlamentaria y el contenido de los telediarios. Para ello fue necesario aco- tar los conceptos de “España rural” y “desigual- dad” en el contexto del proyecto.
y facilitar la comprensión de esta problemática por parte de quienes desarrollan políticas públi- cas en este ámbito. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico encargó en 2019 un diag - nóstico con el objetivo de diseñar la Estrategia de Lucha contra la Despoblación, el cual bus- caba, entre otras cuestiones, detectar aquellos municipios con mayor riesgo de despoblación. El estudio determinó que el 82,4 % de los municipios de España tiene menos de cien habitantes por km2 y estableció que aquellos con una densidad de menos de 12,5 habitantes por km2 están en riesgo de despoblación (si- guiendo el ratio definido por la Unión Europea), determinando que un 48,4 % de los municipios en España se encuentran en esta situación (Mi- nisterio de Política Territorial y Función Pública, 2019).
¿'España rural', 'España vacia- da' o 'España despoblada'?
Existe una multitud de definiciones y crite - rios para identificar de manera clara aquellas ciudades o pueblos que, siendo o no rurales, sufren los múltiples impactos de la despobla- ción. Como no se trata de un fenómeno nuevo, cada una de las definiciones que fueron anali - zadas para enmarcar la investigación tiene un trasfondo no solamente metodológico, sino también comunicativo: poner de manifiesto los retos a los que se enfrentan estas poblaciones
Gráfico 1: Municipios en riesgo de despoblación. Fuente: Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 2019.
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Este mapa permite observar que práctica- mente todas las provincias de España tienen municipios en riesgo de despoblación, con lo cual no se trata de una problemática que afec- te solo a algunas comunidades autónomas. Aun así, hay algunas que lo sufren en mayor medida, como Aragón, Castilla y León o Casti- lla-La Mancha, que tienen más del 60 % de sus municipios en situación de riesgo (Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 2019). Dentro de los organismos del Estado, el Institu- to Nacional de Estadística (INE) en su glosario de conceptos determina que los “municipios rurales” son aquellos que tienen menos de 10 000 habitantes, e incluye una subdivisión: “rurales intermedios” (entre 2000 y 10 000) y “pequeños” o “rurales” (hasta 2000) (INE, s. f.). También, desde un punto de vista estadístico, la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) cuenta con una clasificación a nivel regional, con una tipología urbano-rural que se aplica a las regiones de nivel NUTS 3 (regiones más pequeñas, para análisis específicos) y define tres tipologías en función de la proporción de población rural, a saber: “regiones predomi- nantemente rurales”, “regiones intermedias” y “regiones predominantemente urbanas” (Eu- rostat, 2021): · Regiones predominantemente urbanas: regiones de nivel NUTS 3 donde al menos el 80 % de la población vive en agrupaciones urbanas. · Regiones intermedias: regiones de nivel NUTS 3 en las que más del 50 % pero me - nos del 80 % de la población vive en agrupa- ciones urbanas. · Regiones predominantemente rurales: regiones de nivel NUTS 3 donde al menos el 50 % de la población vive en espacios rurales.
más allá de la ruralidad. Bandrés y Azón (2019) usan el término “España despoblada”, la cual, de acuerdo con su análisis, estaría formada por “las provincias que cumplen conjuntamen- te los dos criterios siguientes: tener una tasa de crecimiento demográfico negativa entre 1950 y 2019, y contar en este último año con una densidad de población inferior a la media nacional, excluyendo del cómputo en ambos casos las capitales de provincia y las ciudades de más de 50 000 habitantes”. Por su parte, Cortés Ruiz e Ibar Alonso (2021) hablan en términos de “España vaciada” y la definen como un “concepto complejo de despoblación en el mundo rural en España, es decir, el abandono en las zonas rurales en beneficio de las ciudades. Esa pérdida de habitantes en forma continuada en el tiempo da lugar a una crisis estructural en el territorio afectado”. Además de la definición en sí misma, es intere - sante la propuesta que hace Molinero (2019) al clasificar los espacios rurales para comprender mejor las dinámicas y necesidades dentro de este contexto. Entiende así que existen cuatro tipos de espacios rurales: dinámicos, interme- dios, estancados y rurales profundos. Dicha clasificación toma como base no solamente la densidad de población, como lo hacen algunas clasificaciones previas, sino también otras variables como la dinámica demográfica (los movimientos migratorios dentro del territorio), el vaciamiento femenino de los pueblos, el acceso al empleo y el envejecimiento de la po- blación. De esta manera, cada tipo de espacio tiene características específicas que vale la pena mencionar (Molinero, 2019): · Dinámicos: se encuentran en las áreas de influencia de centros demográficos o eco - nómicos. Son espacios con apariencia rural pero con dinámicas urbanas que se reparten, en el caso español, en los alrededores de los núcleos urbanos y los grandes centros turísticos de la costa, generando un continuo urbano en las proximidades de las ciudades.
Existen en la literatura disponible otras defi - niciones que toman en cuenta otros factores
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· Estancados y rurales profundos: tienen como punto en común la regresión demo- gráfica y el envejecimiento de su población, lo que genera una reducción en el mercado laboral y por tanto en los servicios. La pér- dida de habitantes es un elemento impor- tante, ya que convierte los poblados en “factores de repulsión” ante la dificultad de acceder a servicios y mantener relaciones sociales en ellos. · Intermedios: también llamados “en tran- sición”, incluye todas aquellas poblaciones que están perdiendo habitantes, las que son de difícil acceso y las que reciben población migrante pero se enfrentan al abandono de sus pobladores oriundos, con lo cual pier- den y ganan población de manera irregular. Partiendo de esta multiplicidad de criterios y definiciones, para el presente estudio se ha decidido tomar el término “España rural”, adoptando los criterios propuestos por Euros- tat y complementándolos con los expuestos por Bandrés y Azón. Esta decisión ha permitido sentar un marco conceptual para la inves- tigación, ofreciendo un criterio objetivo que facilitara, por un lado, mapear a las personas y organizaciones que trabajan y viven en estos territorios; y, por otro, enmarcar las necesida- des detectadas y analizar la actividad parla- mentaria y mediática en función de su compro- miso con dichas demandas. En paralelo, fue necesario aterrizar el concepto de “desigualdad” a utilizar en esta investiga- ción. La desigualdad, tal y como la define la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2019), no se trata solo de la riqueza, del patri- monio neto, de los ingresos o del sueldo bruto; también puede y debe abarcar la expectativa de vida y la facilidad para acceder a los ser- vicios de salud, educación de calidad u otros servicios públicos. Esta visión holística permite comprender la existencia de desigualdades entre los géneros y entre los grupos sociales (Naciones Unidas, 2019).
Por su parte, el Departamento de Asuntos Eco- nómicos y Sociales de la ONU (2015) propone dos enfoques desde los cuales mirar y enten- der las desigualdades: · Desigualdad de resultados: ocurre cuando los individuos no poseen el mismo nivel de riqueza material o condiciones económicas generales de vida. · Desigualdad de oportunidades: el bienes- tar debe definirse y medirse en función de los principios y actuaciones valorados por las personas (funcionamientos) y la libertad de elegir y actuar (capacidades). Este enfo- que enfatiza la libertad de elegir un tipo de vida en lugar de otro. Estas dos visiones de la desigualdad pueden desagregarse en función del impacto que generen en diferentes aspectos de la vida de las personas. Así, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) plantea otros tipos de desigualdad (ACNUR, 2018) · Social: las personas reciben tratos diferen- tes en función de su posición social, religión o cultura, entre otros. · Económica: la distribución de la riqueza y los ingresos implica problemas de acceso a bienes y servicios. · Educativa: tiene como base la desigualdad social y económica e implica que las perso- nas no tengan las mismas oportunidades de acceso a formación. · Género: implica que haya personas que no tienen acceso a iguales oportunidades que las personas de otro sexo. · Legal: las leyes o los procesos judiciales favorecen a ciertos individuos frente a otros, y parte desde los propios procesos de defi - nición de legislación hasta su aplicación.
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Teniendo en cuenta estas definiciones y sus categorizaciones, a lo largo de la investigación se realiza un análisis de la desigualdad desde dos aspectos principales. En primer lugar, y siguiendo la conceptuali- zación de la ONU, se ha buscado detectar las desigualdades que sufre la población de la España rural respecto al acceso a servicios (infraestructuras, telecomunicaciones, sanidad, educación, banca, transporte público, ocio y cultura, energía, I+D+I, entre otros), vivienda, empleo, empresa y emprendimiento, sector primario y cuidados de bosques y participación ciudadana. Además, y a partir de las clasificaciones reali - zadas por ACNUR, se analizaron las desigual - dades añadidas que sufren aquellos colectivos más vulnerables como mujeres, personas migrantes y personas mayores. Metodología Para poder llevar adelante las distintas fases de la investigación, se han tenido en considera- ción las siguientes cuestiones a nivel metodo- lógico:
perspectivas no solo de distintos ámbitos profesionales y personales, sino también de diversas áreas geográficas que sufren des - población. Así, se entrevistaron a personas provenientes de once provincias españolas (A Coruña, Albacete, Asturias, Cáceres, Cuenca, Huelva, Salamanca, Soria, Toledo, Valladolid y Zaragoza) y de distintos tipos de municipios y realidades, desde el caso de Aladrén, con sus cincuenta y dos habitantes, hasta personas con perspectivas territoriales más amplias, como la presidenta de Escuelas Rurales de Ga- licia. El listado completo de personas entrevis- tadas, en orden cronológico, es el siguiente: 1. Juan José Manzano Sánchez, fundador y presidente de AlmaNatura, organización de innovación social (Arroyomolinos de León, Huelva). 2. Ana Ayuso Salazar, coordinadora de la Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos-Proyecto Ágora, Senado de Personas Mayores (Valladolid).
3. Marta Blanco Allona, alcaldesa del Ayun- tamiento de Aladrén (Zaragoza).
4. Cruz Fernández Mariscal, coordinador de Cuenca Ahora (Cuenca).
Entrevistas
Se realizaron quince entrevistas semiestructu- radas a perfiles diversos que van desde la aca - demia, la empresa social, la sociedad civil y los partidos políticos hasta personas individuales. De estos perfiles individuales, se han selec - cionado algunos que tienen un conocimiento específico de la realidad de la España rural debido a su profesión (como personal médico, docentes, trabajadores sociales o represen- tantes públicos) y otros por su condición de representantes de colectivos específicos como personas migrantes, personas mayores y jóvenes. Estos perfiles fueron seleccionados a partir de un mapeo que se realizó luego de aterrizar el marco teórico, con el objetivo de contar con
5. Joaquín Alcalde, director de El Hueco, empresa social (Soria).
6. Juan Hernández, profesor de Escuela Rural (Cáceres).
7. Juan Carlos Morales, representante de Jóvenes Cuenca Ahora (Cuenca).
8. Irene Piedrabuena y Saúl Sánchez Arcila, coordinadora y mediador en MamaChama, asociación mujeres rurales diversas (Sonse- ca, Toledo).
9. Carmen Muñoz, médica de familia (Boga- rra, Albacete).
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10. Yolanda Conde Díaz, médica en (Alles, Peñamellera Baja, Asturias).
Análisis parlamentario
Para poder detectar estas once temáticas y sus correspondientes demandas en la acti- vidad legislativa, se utilizó la tecnología de la herramienta Qué Hacen Los Diputados (https:// quehacenlosdiputados.es/), la cual utiliza téc- nicas de inteligencia artificial para realizar un etiquetado masivo de la información. Para que la herramienta fuera capaz de locali- zar tanto palabras sueltas como patrones del lenguaje complejos relacionados con la Espa- ña rural, se desarrolló una folksonomía (una base de conocimiento específica) relacionada con este ámbito preciso. Una vez elegido el listado de etiquetas o términos de referencia, se tradujeron a un lenguaje computacional capaz de buscar cadenas de texto previamente establecidas en la folksonomía. Es importante mencionar que la generación de esta base de conocimiento tuvo como punto de partida el contenido de las entrevistas y la revisión biblio- gráfica llevada a cabo en la primera fase de la investigación. Así, cuando la herramienta encuentra estas cadenas de texto en la documentación analiza- da, las clasifica de acuerdo con la/s etiqueta/s relacionadas y su respectiva temática. En con- creto, la tecnología se aplicó a toda la actividad del Congreso de los Diputados y del Senado para el periodo abarcado por las legislaturas XII, XIII y XIV, que va desde mediados del año 2016 a mediados de 2023. Una vez generada la folksonomía, se llevó ade - lante el proceso de etiquetado masivo de todas las iniciativas de las legislaturas analizadas; a partir de dicha información, la siguiente fase incluyó una revisión detallada de cada una de las iniciativas que habían resultado detectadas por la herramienta y su contenido, para determinar a qué demanda concreta daba respuesta y cuál era el grado de compromiso con dicha demanda, teniendo en cuenta la medida en que la iniciativa daba cumplimiento o no a la misma, clasificán - dolas en tres niveles: fuerte, medio y débil.
11. Rosa Barreiro, presidenta de Escuelas Rurales de Galicia (Galicia).
12. Cruz Elisa Buitrago Orozco, migrante y residente en San Felices de los Gallegos (Salamanca).
13. José Ángel Ceña Tutor, representante de Soria ¡Ya! (Soria).
14. Beatriz Carballo Sánchez, trabajadora social (Traguntía, Pozos de Hinojo, Sala- manca). 15. Luis Antonio Sáez Pérez, director del Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales, Universidad de Zaragoza (Zaragoza). Una vez realizadas las entrevistas, se anali - zaron y sistematizaron las respuestas, con el objetivo de identificar y clasificar las demandas en torno a diferentes temáticas que permitie- ran agruparlas. Se identificaron un total de cua - renta y una demandas y en total se definieron once agrupaciones temáticas, que van desde las clásicas como empleo, sanidad y educa- ción hasta algunas más específicas como gobernanza, participación e identidad y cultura. La mayoría de estas demandas ponen el foco en la necesidad de reconocer el contexto y las peculiaridades del entorno rural al momento de diseñar políticas públicas. Y si bien salie- ron a la luz numerosas peticiones históricas, como la conectividad a internet y la generación de empleo, también surgieron otras menos habituales, como por ejemplo la necesidad de cuidar y reducir el impacto de las energías renovables en el territorio o mejorar la repre- sentación de lo rural en el cine y las series. La totalidad de las demandas y las entrevistas a las cuales se vinculan pueden consultarse en el Anexo 1.
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Cabe destacar, además, que esta nueva folkso- nomía fue incorporada a la propia herramienta online, lo que permite que la ciudadanía en general y todas las personas usuarias de la misma puedan hacer uso de ella 1 .
identificadas como ámbitos de análisis en el marco del proyecto.
Una vez finalizada la primera fase del análisis, se ha vinculado la totalidad de las noticias con las demandas identificadas, agrupándolas en torno a las once temáticas clave para poder facilitar su análisis cuantitativo y cualitativo.
Análisis mediático
Para poder efectuar el análisis del tratamiento en medios de las demandas de la España rural, se ha analizado el contenido de los telediarios de La 1 de RTVE, en concreto los correspon- dientes al telediario del mediodía. Se trabajó con este informativo debido a que RTVE publica de forma abierta los subtítulos de toda su programación, lo cual facilita el análisis; además se trata del tercer telediario con mayor audiencia, según datos de 2022 (Zarate, El Diario, 2022), y es el que tiene mayor duración y donde se concentra el mayor número de noticias diarias. Se trabajó con las mismas fechas que las uti- lizadas para la actividad parlamentaria, desde julio de 2016 a junio de 2023, con el objetivo de detectar en primera instancia todas aquellas noticias que hicieran referencia a la España rural, para luego vincularlas con las cuarenta y una demandas identificadas en el proceso de entrevistas. La primera fase del análisis se realizó de ma- nera automatizada, utilizando la folksonomía desarrollada y explicada en el apartado ante- rior, que permitió hacer un etiquetado masivo de la información. Una vez establecido dicho etiquetado, este fue revisado para asegurar que las noticias marcadas tenían relación con las demandas detectadas. Es importante resaltar, por tanto, que este análisis no ha incluido las menciones a localidades y pue- blos de la España rural que han aparecido en las noticias por asociación a otras temáticas, como casos policiales (delitos, asesinatos, venta de drogas, etc.), ya que no habían sido
1. La herramienta es de uso gratuito y se encuentra disponible en: www.quehacenlosdiputados.es
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entender la desigualdad: ¿cuáles son las necesidades de la España rural?
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Las quince entrevistas realizadas, sumadas a la revisión de bibliografía, fueron el punto inicial para comprender en profundidad las necesi- dades de la España rural y para consultar de primera mano a aquellas personas que viven su cotidianeidad en estos pueblos por posibili- dades de solución.
zación. Además, se incorporan demandas vinculadas a la coordinación entre los acto- res, la introducción de cambios en el funcio- namiento de la partitocracia en poblaciones pequeñas, la puesta en marcha del meca- nismo rural de garantía y la modificación de criterios estadísticos y territoriales. · Identidad y cultura: demandas vinculadas al fomento de la cultura y el ocio, pero tam- bién a la necesidad de intervenir en el imagi- nario de lo rural, desde la representación de la mujer rural hasta la forma en que lo rural se muestra en los medios de comunicación, el cine y las series. · Inclusión: demandas que van desde la aco- gida de nuevos pobladores y la gestión de la dependencia y la accesibilidad universal hasta la necesidad de capacitar y sensibili- zar en materia de orientación sexoafectiva y colectivo LGTBIQ+. · Participación: estas demandas hacen re- ferencia a la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones por parte de colectivos vulnerables, a la promoción del diálogo urbano-rural, al impulso del teji- do asociativo y a la generación de espacios que permitan esta participación al abordar temáticas vinculadas a la despoblación. · Movilidad: demandas vinculadas princi- palmente a la mejora del transporte público en cuanto a frecuencia, disponibilidad e infraestructuras. · Vivienda: estas demandas se relacionan con la disponibilidad de viviendas mediante planes específicos y mayor inversión, pero también con la rehabilitación y la necesidad de reducir los procesos burocráticos para acceder a las diferentes ayudas. · Sanidad: estas demandas se orientan en torno a la disponibilidad de especialistas y consultorios y a la necesidad de nuevas dotaciones hospitalarias y servicios como
Las once temáticas amplias bajo las cuales se agrupan las demandas son:
· Educación: demandas vinculadas a ga- rantizar una oferta educativa adaptada y orientada a la vida en el campo, abordando currículums especializados y ofertas de formación profesional aterrizadas al contex- to. También incluye una apuesta real por la escuela rural, asegurando servicios como comedor o transporte escolar y respetando sus características específicas. · Empleo y economía: variedad de deman- das que van desde la creación de oportu- nidades de empleo y negocio teniendo en cuenta el contexto y las necesidades de la población a la protección de pequeños agricultores incluyendo sus necesidades propias y la protección del patrimonio natu- ral reduciendo los posibles impactos de las energías renovables sobre el territorio. · Financiación: demandas vinculadas a la necesidad de beneficios fiscales, la reduc - ción de barreras de acceso a ayudas y sub- venciones y otras que se relacionan con la mejora de la estabilidad y previsibilidad en el acceso a financiación de los Ayuntamientos rurales, incluyendo facilidades para acceder a financiación europea. · Gobernanza: este bloque es uno de los más amplios, incluye seis demandas con- cretas que van desde impulsar un pacto de Estado contra la despoblación o la incorporación de la perspectiva rural en la elaboración de nuevas legislaciones hasta la necesidad de reducir la burocratización, facilitando la digitalización y la descentrali-
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la teleasistencia de calidad. También se han recogido menciones a la salud mental y a la necesidad de profesionales en la materia. · Servicios: demandas que van desde ga- rantizar la cobertura de internet o servicios para personas mayores y otros orientados a la conciliación de las familias hasta otros como el reciclaje, bancos, farmacias, biblio- tecas, etc. Una primera conclusión que se obtuvo de las entrevistas fue que muchas de las demandas planteadas ya habían sido identificadas en la fase previa de revisión bibliográfica, obteni- das principalmente del documento Modelo de Desarrollo para la España Vaciada, elaborado de manera participativa por la coordinadora de la organización España Vaciada, junto a plataformas y colectivos que trabajan en el territorio, y del trabajo de Goerlich, Maudos y Mollá sobre la accesibilidad a los servicios en España. El análisis de las entrevistas permitió validar las demandas previamente detectadas; y en ellas las personas entrevistadas se refirie - ron especialmente a aquellas vinculadas a la generación de empleo, la movilidad, la sanidad o la protección de la cultura. Por otro lado, además de la sistematización de las demandas y su categorización temática, ha sido interesante poder conversar también con múltiples perfiles acerca de su valoración de las propuestas de solución que se han plantea- do en los últimos años y sus reflexiones sobre las verdaderas problemáticas a las que se enfrenta la población, más allá de aquellas que han llegado de manera directa a los medios de comunicación y al debate político. En este sentido, la mayoría de las personas entrevis- tadas ha coincidido en que uno de los princi- pales retos es dejar de ver lo urbano como lo ideal y dejar de pretender que la solución es que lo rural imite o se asimile a los modelos de ciudades existentes. Más bien, el valor añadido de lo rural es justamente la posibilidad de concebir y vivir de manera diferente a las ciudades, sin caer por ello en una “romantiza-
ción” de lo rural que pueda generar un impacto negativo en aquellas personas que al llegar se encuentran con una realidad completamente diferente a la esperada. En relación con esta romantización de lo rural las personas entrevistadas se expresaron desde dos enfoques diferentes. Por un lado, quienes mencionan que hay que desprender a lo rural de lo puramente turístico y vinculado al patrimonio: si bien lo reconocen como impor- tante, consideran que, aunque se mantienen vivas las tradiciones y se generan fuentes de recursos y oportunidades laborales, no se permite el asentamiento real de la población, al tratarse de cuestiones estacionales o vincu- ladas a fechas muy concretas. Y por otro lado, quienes, como el director de El Hueco, insisten en que es clave imaginar una “nueva ruralidad”: desvincular lo rural de conceptos y nociones negativas como lo “vacío, atrasado y antiguo”, poniendo en valor que en estos territorios se puede vivir de manera actualizada y no exclu- sivamente de actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería. Al respecto de estos cambios en el imaginario colectivo, insisten en que la clave está en cómo se comunica y cómo se presenta la realidad de estos territo- rios en los medios de comunicación, el cine, las series, etc. Otro de los puntos en común y que además es una de las demandas históricas tiene que ver con la necesidad de la mejora del acceso y la disponibilidad de los servicios, desde el trans- porte, la salud o los bancos hasta la cultura y espacios y actividades de ocio que mantengan vivas a las comunidades, pero también otros, mencionados con menos frecuencia, como la recolección de la basura y el reciclaje. En estos temas muchas de las personas entrevistadas coincidieron en que se produce un círculo vi- cioso: al no haber servicios, muchas personas deciden abandonar los pueblos o irse a pue- blos más grandes donde pueden conseguirlos, pero al mismo tiempo la razón para no habilitar más servicios es justamente que los grupos de población son demasiado reducidos. La
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presidenta de las Escuelas Rurales de Galicia mencionó en su entrevista que frecuentemente la disponibilidad o no de servicios depende del alcalde de turno y su “voluntad” para generar cambios, ejemplificando con casos de mu - nicipios gallegos donde se paga transporte escolar a un solo estudiante y otros donde las trabas burocráticas son constantes y la posibi- lidad de cambio es muy reducida. Otro tema que ha tenido bastante relevancia ha sido la necesidad de abordar los procesos de despoblación con enfoques de género e interseccionalidad y, al hacerlo, no caer en soluciones prefabricadas, sino tener en cuenta las posibilidades reales que ofrecen los pue- blos a mujeres y personas migrantes y detec- tar las mejores soluciones para abordar estas cuestiones. Se hace hincapié, además, en que se trata de procesos de medio y largo plazo y que exigen, por tanto, mantenerse al margen del cortoplacismo impuesto por los ciclos políticos. En cuanto al enfoque de género, autores como Molinero (2019) o Guiu (2019) mencionan el proceso de masculinización que se produce en muchos pueblos y que impulsa la despo- blación y la falta de oportunidades laborales para mujeres jóvenes. En una línea similar se expresaba la coordinadora de MamaChama, que añadía el factor de la conciliación, espe- cialmente en lo relativo a los cuidados y a la falta de opciones que tienen las familias. Por otro lado, en lo que respecta a la migra- ción, varias personas entrevistadas expresaron que es importante analizar y comprender los contextos de cada territorio antes de imple- mentar políticas que aborden la situación, explicando que, especialmente cuando se trata de migrantes de otros países, estos no siempre son bien recibidos y pueden generarse algu- nos roces o choques culturales. La alcaldesa de Aladrén explicaba que la cultura puede ser un factor conciliador, si se trabaja de manera integradora y no como un factor de división, que permita una incorporación real y completa
de las familias migrantes que decidan asen- tarse en estos territorios. La coordinadora de MamaChama mencionaba además las opor- tunidades laborales que pueden surgir en el ámbito de los cuidados en muchos de estos pueblos. Esto coincide con lo expresado por Guiu (2019), quien explica que, a pesar de que en ocasiones pueda verse la migración como una oportunidad para repoblar estos territorios, no es posible forzar a personas a que vivan en pueblos que tienen carencias de servicios y de oportunidades laborales cuando sus pro- pios habitantes no quieren vivir allí, ya que eso implicaría que dichas familias, cuando puedan conseguir una oportunidad en otro pueblo o ciudad, no dudarían en irse al igual que sus pobladores originales . Por último, se ha insistido también en la ne- cesidad de abordar soluciones integrales y evitar generalizaciones, ya que, aunque hay problemáticas comunes, existen otros factores como los geográficos o sociales que deben tenerse en cuenta al momento de abordar este tipo de medidas. No es lo mismo un municipio de menos de cien habitantes, que uno de mil u otro de diez mil. En este sentido, el coordi- nador provincial de Cuenca Ahora explicaba muy bien en su entrevista que en el desarrollo de políticas es necesario tener en cuenta la realidad particular de cada territorio y las dis- tancias entre los pueblos y los servicios a los que la población debe acceder, poniendo como ejemplo el caso de Cuenca, que tiene un solo hospital para toda la provincia.
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de las demandas a las posibles soluciones: la labor de las Cortes Generales
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Legislatura XII (del 19 de julio de 2016 al 5 de marzo de 2019)
El análisis de la actividad parlamentaria se organizó de acuerdo con las tres legislaturas incluidas en el periodo abarcado y se dividió a su vez en la actividad llevada adelante por el Congreso de los Diputados y el Senado. El ob- jetivo fue detectar la presencia de las deman- das identificadas en la actividad legislativa de las Cortes y analizar el contenido de las iniciativas presentadas para dar respuestas a dichas demandas. El bloque se divide en dos partes: un examen detallado de cada legisla- tura y un apartado con conclusiones y tenden- cias detectadas a lo largo de todo el periodo analizado. La primera gran conclusión que se extrae es que, de las cuarenta y una demandas identi- ficadas, casi un 27 % no cuenta con ninguna iniciativa legislativa relacionada 2 . Se trata de aquellas vinculadas a la financiación de los Ayuntamientos rurales, la promoción de la participación de los habitantes de la España rural, el aumento de dotaciones hospitalarias o la garantía del derecho a la teleasistencia. Además, en términos generales, no ha habido casi iniciativas parlamentarias asociadas a cuestiones de participación ciudadana del me- dio rural o al diálogo vinculante con represen- tantes políticos, lo cual implica en cierta medi- da que el debate legislativo por el momento se limita a temáticas “clásicas” o a las demandas históricas de los colectivos del medio rural. A continuación se hace un repaso de la activi- dad de las tres legislaturas analizadas, y al final de este bloque se incluye una serie de reflexio- nes respecto a las tendencias detectadas.
Congreso de los Diputados
Durante esta legislatura, se impulsaron un total de veintiuna iniciativas legislativas vinculadas a la España rural, de las cuales: · Solamente seis fueron aprobadas: entre ellas, dos reales decretos que se convalida- ron y dos que representan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para los años 2017 y 2018.
· Quince iniciativas caducaron o fueron directamente rechazadas.
Del análisis de las iniciativas aprobadas y los RD convalidados se destacan algunas conclu- siones: · Todas las iniciativas legislativas fueron impulsadas desde el Gobierno, por lo que no se aprobó ninguna promovida desde los diferentes grupos parlamentarios. · Uno de los proyectos de ley es de trans - posición de una directiva del Parlamento Eu- ropeo centrada en los contratos del sector público y el otro de modificación de la Ley de Evaluación Ambiental. · En lo relativo a los contratos del sector público, se destaca la disposición adicional vigesimocuarta, sobre el régimen jurídico de dos servicios técnicos de la Administración enfocados de manera directa al apoyo a los sectores agrario, ganadero, forestal y de desarrollo rural, en ámbitos variados como la comercialización y la gestión, la investi- gación, la promoción de la innovación y la financiación de infraestructuras concretas para promover el desarrollo rural integral.
2. La base de datos completa puede consultarse en: base de datos Cotec
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· En el caso de la iniciativa de la Ley de Evaluación Ambiental, la vinculación es más débil, ya que solamente se hace referencia a la inclusión de criterios rela- cionados con la realidad del mundo rural en la definición de “caminos naturales”, reconociendo su relevancia como fuente de turismo y como vía de comunicación entre diversos poblados. · Por último, se convalidaron dos reales de- cretos ley: uno sobre medidas urgentes en materia financiera, que refiere a la necesi - dad urgente de dotar a las cooperativas, en- tre ellas las de entornos rurales, de crédito y de instrumentos que les permitan abordar las situaciones de dificultad con agilidad y a través de medidas eficaces; y el otro relati - vo a medidas urgentes para paliar daños causados por temporales, enfocados en la reconstrucción y rehabilitación de infraes- tructuras en el medio rural afectadas por desastres naturales y otros temporales. En el grupo de las iniciativas caducadas, re- chazadas y no debatidas se encuentran las pre- sentadas por los grupos parlamentarios. Solo dos de ellas fueron presentadas por el Gobierno en funciones: la relativa a los PGE de 2019, que fue rechazada por la finalización de la legislatu - ra, y otra orientada a la modificación de la Ley de Educación, que caducó por la misma razón. Del resto de iniciativas presentadas, casi el 70 % provienen del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos 3 , algunas de ellas en co- laboración con el Grupo Mixto, y dos fueron presentadas por el Grupo Socialista. Algunas de estas iniciativas cuentan con me- didas relevantes para el medio rural, entre las que destacan:
da por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, destaca por su fuerte vinculación que transversaliza las demandas del medio rural. Cuenta con un título específico sobre medidas a poner en marcha en el contexto rural, entre las cuales son relevantes las relativas a la educación, como reducir el abandono escolar, aumentar y diversificar las enseñanzas formales y no formales disponibles, garantizar la educación de cero a tres años y fomentar las escuelas de proximidad y un currículo específico en for - mación profesional. En materia de empleo, se centra en medidas de arraigo y repobla- ción para garantizar una renta mínima, un plan de trabajo asegurado y el apoyo fiscal a pequeños emprendedores y a pequeños y medianos agricultores. Además, pone el foco en las personas mayores, incluyendo medidas que favorezcan la teleasistencia y la rehabilitación de sus hogares. · Proposición de ley de protección de sue - los de alto valor agrológico y otros suelos de interés agrario: la proposición de ley, también del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, tiene por objetivo asegurar un régimen jurídico que garantice la protección de todos los suelos de alto valor agroeco- lógico, evitando las presiones derivadas de la expansión de las ciudades y contribuir a frenar la despoblación por el abandono de la actividad agraria profesional. También busca favorecer la participación de los agri- cultores para garantizar que tengan voz en los temas que afecten a sus tierras. El resto de iniciativas tienen un grado de vin- culación menor, con menciones a lo rural que no consideran las peculiaridades del contexto o las demandas de la ciudadanía señaladas en esta investigación. Ejemplo de ello es una pro- posición de ley de emergencia habitacional en familias vulnerables (impulsada por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos y el Grupo
· Proposición de ley integral contra la pobreza y la exclusión social: presenta-
3. Hasta 2019, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, al igual que la coalición entre Podemos e Izquierda Unida, tomaba el nombre de “Unidos Podemos”. Ese año se cambió la denominación a “Unidas Podemos” como parte de su apoyo a la lucha feminista ( El País, 2019).
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