en su mayoría son profesores asociados, trabajadores a tiempo parcial y temporales. La LOSU dedica parte de su articulado a proponer soluciones a este problema con el fin de reducir la temporalidad y proporcionar mayor estabilidad en la carrera docente e investigadora. En cuanto al perfil del PDI, se observan diferencias notables según la titularidad de la universidad. La plantilla de las públicas ha ido disminuyendo en estabilidad: el 13,6% del PDI es contratado indefinido y el 48,7% funcionario, frente al 67,9% de plantilla permanente de las privadas. Además la edad media de su PDI es cinco años superior. El problema latente de la universidad pública surge cuando se tiene en cuenta que alrededor de 21.400 profesores se jubilarán en la próxima década, lo que equivale al 19,4% de la plantilla actual. Esta cifra es todavía más crítica cuando se particulariza por el PDI funcionario, con un 32,8%, y un 49,7%, en la figura de los catedráticos de universidad. Por otro lado, y por lo que se refiere a la dedicación del PDI, en las universidades privadas predominan los contratos a tiempo parcial (60%), mientras que en las públicas prevalecen los de tiempo completo (61%). La LOSU se ha hecho eco de esta situación y propone revertir la inestabilidad y precarización de los contratos. Ahora bien, sus buenas intenciones vienen acompañadas de algunos claroscuros. Por ejemplo, se contempla una reducción drástica de la temporalidad de los contratos, pero el sistema de momento no tiene los medios para conseguir pasar de cerca del 40% actual al 8% que la normativa establece. Asimismo, la figura del profesor sustituto también genera dudas. La nueva ley recoge que esta figura se limite a cuestiones
Sin embargo, nuestros graduados superiores enfrentan, en promedio, condiciones laborales menos favorables en comparación con sus homólogos europeos. En 2022, España presentó la segunda tasa de empleo más baja (el 83%, en contraste con el 87,4% de la Unión Europea) y la segunda tasa de desempleo más alta para estos graduados (el 7,1%, frente al 3,5% de la Unión Europea). Además, la prima de ingresos asociada a ser graduado superior en la Unión Europea fue considerablemente mayor que la registrada en España (con una diferencia de 11 puntos porcentuales). Ante esta realidad, no es de extrañar que un número no despreciable de nuestros graduados decidan emprender su trayectoria profesional en otros países que ofrezcan mejores condiciones. Los datos que se presentan en el Informe resaltan la persistencia de ciertos desajustes. Uno de estos desajustes es la sobrecualificación, que se relaciona con la estructura productiva del país y la falta de empleos de alta ocupación en relación con el número de personas con educación superior. Según datos de 2022 de Eurostat, el 35,9% de los ocupados de 20 a 64 años con educación superior estaban inscritos en grupos de baja cualificación, frente al 22,2% en el conjunto de la UE-27. Otro desajuste observado es la discrepancia entre las titulaciones demandadas por los ocupadores y las ofrecidas por el sistema educativo. Por ejemplo, en España hay un elevado porcentaje de egresados en el ámbito de educación (el doble que el de la Unión Europea) que no se corresponde con la demanda de titulados en este ámbito. Este desajuste también se da en los ámbitos de artes y humanidades, ciencias sociales,
docentes, algo que contrasta con el perfil de la mayoría de aspirantes a este puesto: investigadores noveles que están a la espera de mejores oportunidades de contratación, para quienes descuidar la labor investigadora no es una opción. A ello, a corto plazo, se suma la incertidumbre sobre los procesos administrativos de contratación, lo que ha ocasionado que, anecdóticamente, el curso 2023-2024 haya empezado, en algunos casos, con docentes contratados con una nueva figura que han impartido clases sin haber firmado el contrato. Otro aspecto a tener en cuenta es la retención y atracción de talento. El personal de las universidades, en sus diversas categorías, funciones y responsabilidades, desempeña un papel de extraordinaria importancia en el engranaje y funcionamiento de dicho tipo de instituciones. Reconocer, valorar, seleccionar y motivar adecuadamente a sus profesionales es esencial para asegurar que las universidades continúen siendo faros de conocimiento. Como se apuntaba anteriormente, el sistema universitario español necesita llevar a cabo un relevante cambio generacional en el corto y medio plazo. Para hacer efectivo este cambio en una dirección ambiciosa, se deberán convocar un mayor número de plazas, lo que implica la necesidad de aumentar la financiación destinada a este fin y disponer de un sistema de selección adecuado. Ahora bien, las perspectivas de estabilización en la carrera académica deben ser atractivas para atraer candidatos de calidad. La falta de “cantera” es más que evidente, cuando las plazas en las categorías iniciales quedan todavía sin cubrir. Una mayor autonomía para la contratación de personal por parte de las universidades podría permitir políticas más flexibles de
atracción, retención y estabilización del personal académico, de acuerdo con las necesidades institucionales. Recordemos que según el Autonomy Scorecard de la European University Association de 2023, España ocupa la posición 27 de 35 en cuanto a autonomía en la gestión del personal docente, lo que tal vez sea una de sus mayores debilidades.
3. Mejorar la empleabilidad
El sistema universitario desempeña un papel fundamental en la formación y capacitación de profesionales que aspiran a ingresar en el mercado laboral. En el curso 2021-2022 se titularon de grado 199.048 personas en el sistema universitario español, un 4,1% menos que en el curso anterior. Desde el curso 2013- 2014 (con la excepción del 2019-2020), se han ido sucediendo las variaciones anuales negativas, que van en paralelo al decrecimiento del número de matriculados de grado. En cambio, el número de titulados en estudios de máster oficial ascendió a 141.696 en el curso 2021-2022, con un crecimiento anual del 4,6%. La inserción exitosa de estos egresados en el mercado laboral es un indicador de la eficacia del sistema educativo y su capacidad para satisfacer las demandas del mercado. Asimismo, la calidad de las condiciones laborales a las que acceden también refleja la pertinencia y la idoneidad de la educación superior. En términos generales, en España se cumple la regla de que a medida que aumenta el nivel de estudios, disminuye el porcentaje de empleados a tiempo parcial, los contratos temporales y los parados de larga duración. Además, se aprecia un incremento en los ingresos obtenidos por el trabajo a medida que se avanza en la formación académica.
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